Así que, metida la cuestión catalana en un callejón cuya salida requiere una rectificación que quienes deben no parecen dispuestos a aceptar -aunque no quede otro remedio-, es cada día más difícil entender la "comprensión" que, al menos oficialmente, declara una parte de la izquierda gallega para con la postura de la Generalitat. Impresión que podría estar justificada, o al menos explicada, por motivos ideológicos, pero no electorales y mucho menos político/prácticos, que es factor clave en la vida pública, especialmente si se pretende llegar al gobierno.
(Y no se trata de establecer una división ética, sino más bien de diferenciar a quienes proponen programas de gobierno viables de los que no lo hacen. Desde el punto de vista teórico -y legal- unos y otros tienen derecho a formular las ofertas que quieran siempre y cuando se ajusten a las normas de convivencia general, pero no a imponer, mediante subterfugios o trampas dialécticas, fórmulas que van contra el orden democrático. Al menos mientras no consigan los apoyos necesarios para modificar el cuadro legislativo vigente. La democracia, en síntesis, es eso.)
Imponer otras reglas sin tener en cuenta el auténtico "derecho a decidir", que las leyes en vigor garantizan en un esquema de libertades, tiene mucho de miopía, especialmente cuando ni siquiera se analiza una situación internacional que puede verse afectada, en negativo, para la causa en la que los miopes se afanan. Y la catalana, como la de sus amigos gallegos, ha elegido el peor momento: con la UE a medio construir y en trance de renacimiento de los nacionalismos, cualquier signo de desintegración va a ser tomado por amenaza global.
Y no conviene llevarse a engaño. Es evidente que para superar la gravedad del problema catalán se necesitará un diálogo que, desde el marco del acatamiento de la actual Constitución, desemboque en una reforma que dé cabida, al menos, a parte de las aspiraciones planteadas en estos días, políticas y económicas, asumibles por las demás Comunidades del Estado. Y eso supondrá sacrificios para el resto, del mismo modo que en algunos casos el peso catalán supuso beneficios para todos por la vía de un principio que ha de mantenerse, que es el de la solidaridad.
Así las cosas, lo más peliagudo de la reforma puede corresponder a los menos poderosos, entre ellos Galicia. Por eso hay que asegurar que ese diálogo, aceptado ayer por PP, PSOE y Ciudadanos, no rompa el principio básico de solidaridad ni el proyecto común. Y ahí se entiende mal el nihil obstat que el nacionalismo gallego parece haber dado a las aspiraciones del catalán; por eso se habló de miopes y ahora podría añadirse que también de temerarios. Porque hay juegos que son demasiado peligrosos, como el de la ruleta rusa. Y da la impresión de que BNG y EM no acaban de verlo.
¿Eh...?
