Así pues, ahora que se ha entrado en el último tercio del periodo que con más rigor se denomina "vacacional" -aunque es muy cierto que no pocos gallegos/as optan ya por la templanza propia de septiembre- puede resultar buena ocasión para algunas reflexiones propias de la estación. Aunque, como la de los incendios forestales, se hayan convertido -a pesar de los cuantiosos daños materiales y personales que ocasionan- en un lugar común para el que nadie parece capaz de encontrar una explicación razonable y menos una solución.

Y se dice eso porque, si bien la coincidencia global es que la inmensa mayoría de los fuegos son intencionados, nadie en su sano juicio puede comprender que exista algún motivo lo bastante serio o razón fundada para semejante atrocidad. Se ha manejado una notable cantidad de teorías, bastantes de ellas sostenibles en datos, pero ninguna ha convencido a los observadores de que pueda considerarse como "destacada". Y eso que se ha hablado de mafias urbanísticas, madereras, ideológico/extremistas, electorales e incluso relación con el propio sistema de extinción. Pero nada.

Lo que sí está claro es que hay pirómanos que no son enfermos, sino sencillamente tipos perversos que disfrutan haciendo daño sean cuales fueren sus motivos. Y que, después de debates y polémicas acerca de sus delitos y sobre todo de sus penas, hay cada vez más gente, sobre todo del común, que cree que ahora mismo y en la práctica, quemar montes sale judicialmente barato. Incluso quienes, como este ciudadano que escribe, dudan acerca de si su vieja tesis de que bastaría con aplicar bien la ley vigente, sin necesidad de aprobar otras, ya sea suficiente contra la plaga.

Lo cierto es que este verano, quizá con intención de dejar más clara que nunca la intencionalidad dañina de los incendios, la autoridad correspondiente parece haber hecho especial hincapié en destacar detalles que la demuestran. Desde un tipo acusado de provocar más de medio centenar de fuegos, a otro detenido con mechas y uno más con cuatro mecheros, la escala del mal se ha recorrido del todo. Y la gente citada, la del común, se pregunta cómo puede andar por la calle alguien con cincuenta fuegos o llevar elementos incendiarios y a los dos días dormir en casa.

¿Es preciso agravar las penas contra los incendiarios forestales? También la doctrina jurídica ha abierto un debate y existen opiniones opuestas. Pero, dicho con respeto para todos, y solo como punto de vista personal, lo que no puede ser entendido por la ciudadanía es que la creciente -por la excelente actuación de los cuerpos de seguridad y la colaboración ciudadana- detención de autores -presuntos, claro- se quede en una nota de prensa o una multa a pesar de las evidencias. Y si eso significa estudiar modificaciones legislativas, pues hágase lo preciso y con sentido común. Y cuanto antes, mejor.

¿O no...?