Luis de Guindos, ministro de Economía, auguró estos días que España estará en condiciones de salir del Protocolo de Déficit Excesivo este mismo año si, como dice creer el Gobierno, el desfase de las cuentas públicas desciende al 3% del PIB (una décima por debajo del objetivo marcado por Bruselas). El Protocolo de Déficit Excesivo es una especie de correccional al que van a parar los países que incumplen la disciplina fiscal de la Unión Europea (UE). En trazo grueso, ingresan allí aquellos estados cuyo déficit rebasa el 3% y, en determinadas circunstancias también, aquellos con niveles de endeudamiento alarmantes o desmesurados. Es el mecanismo ("brazo corrector", en la jerga de la "euroburocracia") que sobre el papel vela por que se cumpla el compromiso de los países de mantener una finanzas públicas saneadas.
España permanece desde 2009 en ese correccional, que en estos años de crisis ha formado parte de los instrumentos que Europa movilizó para hacer frente a la crisis del euro y desplegar principalmente la terapia de la austeridad en los países del Sur. Tras la reciente salida de Grecia, continúan también bajo el Protocolo de Déficit Excesivo Francia y Gran Bretaña (camino del "Brexit"). Estar ahí significa que la política fiscal de un país (la correspondiente a los gastos y a los ingresos públicos) está sometida a una vigilancia especial. Así, los estados quedan obligados a cumplir una "senda de consolidación" (alcanzar cada año un nivel determinado de reducción del déficit) y a hacerlo mediante políticas (recortes de gasto y subidas tributarias, sobre todo) que resulten creíbles para el resto de socios y las instituciones europeas. El país recibe asimismo "recomendaciones" (de ajustes y reformas) que la presión política convierte a menudo en ordenes insoslayables, y se arriesga a sufrir sanciones si incumple de manera recurrente las obligaciones derivadas del Protocolo. De modo que si, como dice De Guindos, estamos en posición de salir de ahí este mismo año, España se liberaría de la vigilancia reforzada. Aunque caben algunas precisiones.
En primer lugar, los antecedentes españoles con el déficit no son alentadores: los objetivos de reducción del déficit se han incumplido sistemáticamente cada año, incluso en 2016, cuando, con un crecimiento económico del 3,2%, fue necesario negociar con Bruselas un nueva hoja de ruta y abordar ajustes extra. Y queda por ver cómo va a actuar Europa ante los alarmantes niveles de deuda pública que acumulan varios países (cercanos al 100% del PIB en el caso de España). Si esos débitos no se reducen de forma significativa en los próximos años, la presión de Europa, menor desde que el discurso de la austeridad perdió volumen por razones económicas y políticas, podría redoblarse. Máxime porque, como también ha reconocido De Guindos estos días, "antes o después" subirán los tipos de interés. Cuando ocurra, es muy posible que la factura acrecentada de la deuda vuelva a menoscabar la soberanía de España y la de otros países sobre sus respectivas finanzas públicas.
