Pocos lobbies -tal vez el bancario o el de la industria farmacéutica- son tan poderosos como el del automóvil.
Se ha visto una vez más, de creer a la revista "Der Spiegel", en un tema tan técnico como la actualización del software de filtraje de los motores diésel.
Según el semanario alemán, el Gobierno de Angela Merkel ha cedido a las presiones del sector y aceptado que los filtros solo entren en funcionamiento a partir de una temperatura de diez grados.
Por debajo de esa temperatura, esos motores podrían seguir en teoría contaminando el medio ambiente y dañando de paso nuestra salud como hasta ahora.
Como se sabe, el fabricante de automóviles Daimler, propietario de Mercedes, es sospechoso de haber manipulado hasta un millón de automóviles equipados con motores diésel para camuflar sus emisiones, que superaban los niveles permitidos.
Se trata de un caso similar al de otro gran fabricante de ese país, Volkswagen, que ha tenido que pagar en Estados Unidos indemnizaciones millonarias por haber engañado a los consumidores con su campaña de publicidad de un "diésel limpio".
Algunas ciudades alemanas hablan ya de prohibir el acceso a sus centros urbanos de los vehículos equipados con esos motores, algo a lo que tratan de resistirse los políticos responsables.
Uno de ellos es el ministro federal de Transporte, el cristianosocial bávaro Alexander Dobrindt, a quien los medios acusan de haber mirado demasiado tiempo para otro lado y que solo ahora parece reaccionar.
Otro es Winfried Kretschmann, jefe del Gobierno de Baden-Württemberg, en cuya capital, Stuttgart, está precisamente la sede central de Daimler.
Kretschmann es un veterano de Los Verdes, pero pertenece a su ala más conservadora y ha tenido fuertes discusiones con la dirección del partido ecologista, que en su programa electoral propone prohibir a partir de 2030 la matriculación de automóviles con motor de combustión interna.
Acosados por los escándalos que afectan a todo el sector y que no dejan de extenderse, los dos políticos han endurecido últimamente su retórica para exigir transparencia a los fabricantes.
Hasta hace poco, tanto el ministro del Gobierno federal como el jefe de ese Gobierno regional creían poder capear el temporal, pero las nuevas revelaciones periodísticas representan para ambos un peligro en un año electoral como este.
La prohibición de acceso a los centros urbanos de los vehículos con motores diésel podría llevar a muchos votantes a castigar a los partidos de quienes lo proponen.
El lobby del automóvil se ha salido siempre con la suya, con independencia de quien gobernara en Berlín, y así logró impedir el llamado impuesto ecológico o que la Comisión Europea estableciera límites de emisiones más rigurosos.
Y esta semana nos hemos enterado, gracias también a "Der Spiegel", de que los principales fabricantes del país llevan tiempo constituidos en cártel para no hacerse la competencia en temas técnicos, financieros y de proveedores. ¡Todo un nuevo escándalo!
