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José Manuel Ponte

inventario de perplejidades

José Manuel Ponte

Los hijos de Junqueras

Cataluña: el procés toma velocidad hacia no se sabe dónde. Leo en la primera página de un importante periódico un titular alarmante a cuatro columnas: Los separatistas se hacen con el pleno control de la policía. Interpretado literalmente el titular se correspondería con el inicio de un golpe de estado o, peor aún, con los primeros pasos de una guerra civil. Una situación dramática en la que los separatistas después de hacerse, rápidamente y por sorpresa, con el pleno control de la policía, intentarían hacer lo propio con la mayoría de las unidades militares, los medios de comunicación y cualesquiera otros centros de poder, incluido el asalto al Parlamento y a la sede del Gobierno. Al menos eso es lo que recomienda el manual del perfecto golpista.

Luego, leo los sumarios y el texto de la información en páginas interiores y la alarma decae. Los separatistas son el Gobierno autonómico catalán y la policía a controlar, el cuerpo de los llamados Mossos d'Esquadra. El Gobierno de Barcelona, cuya fuente principal de legitimidad es la Constitución española de 1978 y el vigente Estatuto de Autonomía, pretende hacer un referéndum sobre la independencia de Cataluña obviando la prohibición que esa misma legislación le impone. El Gobierno de Madrid lógicamente le advierte de que se opondrá a esa previsión, y en caso de llevarla adelante, utilizaría todos los medios que la ley le permite. Entre ellos, las amplias e inconcretas facultades del artículo 155 de la Constitución, las leyes que regulan el orden público, y hasta el mando de los Mossos d'Esquadra que pasarían a depender del gobierno del Estado. Unos Mossos, por cierto, que a través de sus representantes sindicales han hecho saber que pretenden estar al margen de la tensión política entre un gobierno y el otro, y que, en todo caso, se limitarán a cumplir con lo que marca la legislación vigente.

Puestas así las cosas, parece evidente que los Mossos d'Esquadra (15.000 agentes) y las Policías Municipales (10.600 agentes) son la única fuerza de la que echar mano para garantizar el orden cuando se convoque un referéndum que el Gobierno de Madrid ha declarado ilegal. Y adivinar si esos agentes obedecerán al gobierno de Barcelona y a los alcaldes separatistas o defenderán la legalidad es el meollo de la cuestión que nos ocupa. Consciente de ello, el presidente de la Generalitat ha cesado a los consejeros menos resueltos a dar el golpe de estado ( como se dice en las tertulias de Madrid) y los ha sustituido por otros que aparentan estar decididos a correr el riesgo de incurrir en delito, entre ellos el de Interior que es el responsable de dar ordenes a la policía autonómica. Hasta el momento, todo el procés se ha desarrollado como un juego sutil de simulaciones y ocultaciones entre el Gobierno de Barcelona y el de Madrid, pero estamos llegando al punto en el que los independentistas se verán obligados a violar la ley si quieren llevar adelante sus pretensiones. Y ese paso, muy peligroso, solo puede darse con amplio apoyo ciudadano en la calle, desbordamientos pasionales, y teatralización del victimismo. Oriol Junqueras, que es el hombre fuerte del Govern, ha dicho, por ejemplo, que: "El Estado español les quiere quitar a los hijos".

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