Han sido muchas las ocasiones en las que entidades marítimo-pesqueras y de la propia marina mercante advirtieron de los problemas a los que abocaría la creación del segundo registro o registro especial de Canarias que, a efectos legales, deja a un tiro de piedra el concepto de bandera de conveniencia que, en su día, buscaba que los buques del registro oficial español no se abanderasen en países reconocidos como paraísos fiscales. De este modo, el Gobierno español trasladó a Canarias ese concepto y, curiosamente, no han sido los barcos extranjeros los que se abanderaban en el tal segundo registro canario, sino que lo hacían buques españoles cuyos armadores -en muchos casos la mismísima Administración central y las autonómicas- se sirvieron de las ventajas concedidas a la contratación de tripulantes extranjeros (por los que se cotiza menos) o la aplicación de impuestos y aranceles con un menor costo para dichas empresas armadoras. Por este motivo, también la recaudación fiscal se reduce en su cuantía para las arcas nacionales o autonómicas. Es decir, lo que se perdía con el abanderamiento en paraísos fiscales se pierde, ahora, con el abanderamiento en el registro especial de Canarias.
Lo que llama la atención es que sean buques de titularidad oficial -por ejemplo los de Salvamento Marítimo o los del Servizo de Gardacostas de Galicia- los que se acogen a los beneficios laborales y fiscales diseñados inicialmente para sociedades o compañías privadas de navíos dedicados al transporte marítimo, cuyos mandos han de ser necesariamente titulados españoles y sus tripulantes no estar sujetos a la legislación laboral española.
Menudo negocio.
En el caso de Galicia, y según denuncia al BNG, el remolcador Sebastián Ocampo y el buque polivalente Irmáns García Nodal -ambos de titularidad de la Xunta pero con gestión privada de la compañía Remolcanosa- figuran inscritos en el citado segundo registro de Canarias. El hecho puede no ser ilegal, pero sí enormemente llamativo porque así no se da ejemplo a la ciudadanía cuando se proclama que "Hacienda somos todos": las navieras consiguen rebajar los costes laborales y fiscales de un modo que la Hacienda Pública no puede considerar delito lo que han hecho, pero la verdad es que la normativa fiscal y laboral queda en entredicho.
Remolcanosa siempre ha estado en el punto de mira de las organizaciones sindicales y las entidades marítimo-pesqueras que nunca han visto clara la relación de esa sociedad con el estamento oficial. Se trata, en cualquier caso, de una compañía que ha recibido, según el BNG, contratos para atender el servicio de salvamento y rescate marítimo por valor de 50 millones de euros, con un coste anual de 6 millones de euros. "Pero no paga sus impuestos en Galicia" o solo aporta "cantidades ridículas", apuntan los nacionalistas, "pues obtiene bonificaciones del 90% en el impuesto de sociedades".
¿Compensa a la Xunta el ahorro que significa la inscripción de esos dos buques en el registro especial de Canarias, si deja de ingresar lo que les correspondería al computar como gallegos?
Como ejemplo de cumplimiento fiscal y laboral desde luego no pueden señalarlo.
