El anuncio de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública abrirá la puerta a modificar a la baja la jornada laboral de los empleados públicos tiene un aspecto positivo: no es razonable que las autonomías carezcan de capacidad de negociar y establecer las condiciones de trabajo de sus empleados; respetando, si se estima oportuno, un mínimo (solo mejorable) para el conjunto del país.
Dicho lo anterior, la idea de reducir la jornada laboral de 37,5 a 35 horas no me convence, por dos motivos. Primero, porque con la cantidad de asuntos pendientes que se acumulan en el sector público, en todos sus escalones, esta cuestión no es ni de lejos la más urgente. Lucha contra el fraude fiscal, eliminación de barreras administrativas y retrasos que no aportan valor añadido pero que frenan a los emprendedores (en sentido amplio, para incluir a los propios del sector público), reforma tributaria, reforma pactada del sistema educativo (y en particular del sistema universitario público español), evaluación sistemática de la rentabilidad social de obras públicas? La lista es extensa. Y en ella se deberían concentrar los esfuerzos y los dineros: ayer se hablaba de un coste superior a los 1.000 millones de euros de generalizarse la aplicación de la medida.
Segundo, porque si tenemos dinero y nos preocupan las jornadas laborales, deberíamos focalizar el esfuerzo en mejorar la conciliación familiar de los trabajadores del sector privado, que son los que lo tienen más difícil. Somos uno de los países de la OCDE que menos atención presta a la familia. Pero uno de los que tiene un reto demográfico por delante más severo.
*Director de GEN (Universidade de Vigo)
