A estas alturas, una de las circunstancias relativamente más curiosas de la situación económica general es, en concreto, la que se refiere a la de los Concellos. Porque, con crisis y todo, han pasado muchos de ellos de un estado financiero preagónico a la bonanza e incluso a la abundancia, si se aceptan las cifras oficiales que se publican. Lo que no se entendería del todo sin aludir a severos incrementos impositivos y a la todavía leve recuperación de la actividad urbanística, aparte, desde luego, de una más eficaz gestión de los recursos.
Habría otros argumentos, entre ellos la asunción práctica de algunas competencias -y sus costes- por las Autonomías y el control, que se ha mejorado en general, de los balances de la Administración Local. Y también, por qué no decirlo, la entrada en sus gobernanzas de partidos que hasta ahora carecían de esa experiencia y han aportado ideas nuevas, no siempre felices, pero sí podría decirse que "formativas". Y todo ayuda, especialmente en un terreno resbaladizo y proclive a los "descuidos".
Ocurre que, tal como informó este periódico, llega la hora de aplicar una sentencia de los tribunales por la cual los municipios habrán de devolver a los ciudadanos el dinero mal cobrado en concepto de plusvalía. Y como eso de "devolver" desde las Administraciones es siempre un mal trago -como lo es hacerlo desde los Bancos-, han surgido ya las primeras advertencias acerca de posibles consecuencias negativas. Probablemente menos de las que se citan, pero en todo caso, obligadas.
(Y no hay que volverse locos buscándole tres pies al gato o anunciando una catástrofe. Al fin y al cabo, una "plusvalía" es, como su propio nombre indica, un aumento de valor en una operación de compraventa, por ejemplo, por el que se tributa, y resulta de sentido común que cuando el incremento no existe -y más aún cuando es al revés- el impuesto tampoco proceda. Y si se ha realizado ya su cobro, habrá que devolverlo. Punto.)
Dicho todo ello, es obvio que algún tipo de repercusión tendrá la eliminación de ese concepto. Pero nada justificaría que no se llevase a cabo argumentando que dañaría las cuentas locales porque estas tienen sentido en la medida en que sirvan para facilitar la vida de los ciudadanos, mejorando los servicios y prestaciones, no sangrándolos con cargas impositivas por cualquier cosa que lo permita. Eso no sería ni justo ni solidario sino, por llamarle de algún modo, confiscatorio. Y ya está bien
¿No?
