La fiscalidad local importa, sobre todo, porque sirve para financiar los servicios públicos desde la autonomía municipal. Una autonomía que, a su vez, necesita dos cosas. La primera, un marco legal bien diseñado y que permita a los municipios contar con grados de libertad suficientes. La segunda, unos decisores municipales que utilicen con sabiduría ese marco.
Aunque el listado de asuntos abierto en este ámbito es muy amplio, en esta columna me voy a centrar en tres: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que pagan los campus universitarios por sus edificios, la tributación sobre las pernoctaciones y el recargo sobre viviendas vacías.
En relación al pago del IBI por las universidades, la legislación posibilita la aplicación de una generosa exención (del 95%) a los gobiernos locales que lo desean hacer. Una posibilidad muy razonable, porque los campus son creadores de renta y riqueza para los municipios en los que están instalados por una doble vía: porque refuerzan la capacidad innovadora y formativa y, con ello, el atractivo del territorio para el desarrollo empresarial; y porque atraen estudiantes y profesores de otras partes. Afortunadamente, la aplicación de la exención se ha ido generalizando en los últimos años en Galicia, aunque el Concello de Vigo sigue siendo una sorprendente anomalía. Su rentabilidad social y su imbricación con el entorno no tienen todavía una correspondencia en un trato fiscal favorable. Pero hay que ser positivos y pensar que la conocida perseverancia del rector y la amplitud de miras del alcalde hagan que pasemos del conflicto con el que arranquemos la década a un buen acuerdo entre las dos partes antes de fin de año, para que pudiese ser de aplicación ya en 2018.
Sobre las pernoctaciones en municipios atractores de turismo, introducir un tributo es una solución muy razonable. Porque el sistema fiscal local actual no es capaz de que contribuya a las arcas de todos un colectivo que genera unos sobrecostes en los servicios públicos potencialmente muy relevantes. La legislación estatal vigente no lo contempla, pero es posible que las cosas cambien a corto plazo. Creo que la Xunta debería meditar con más detenimiento sobre esta cuestión.
Finalmente, no acabo de entender la idea de recargar el IBI para las viviendas vacías. Primero, porque precisamente si están vacías sus propietarios ya están pagando un IBI (y en muchos casos mínimos en suministro de aguas y tratamiento de residuos) sin usar servicios. Segundo, porque la condición de vivienda vacía es extraordinariamente difícil de controlar. ¿Consumos de agua y luz? Llegaría con que el propietario fuera de vez en cuando y abriese los grifos y encendiese la luz, malgastando recursos de todos. En el mejor de los casos, un brindis al sol.
*Director de GEN (Universidade de Vigo)
