En los días previos a la moción de censura parlamentaria al Gobierno se acusó a los dirigentes de Podemos de buscar solo dos objetivos políticos, dado que no contaban de antemano con los votos necesarios para derribar al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. El primero de ellos, ocupar un espacio mediático preferente fustigando la corrupción del PP; y el segundo, disputarle al PSOE el papel de autentico líder de la oposición de izquierdas.
Dos objetivos nada reprochables y perfectamente legítimos, por otra parte. Desde 1978, todas las mociones de censura que el texto constitucional quiso definir como "constructivas" (es decir, encaminadas a una sustitución inmediata en la Presidencia de Gobierno) solo sirvieron como instrumento de autopromoción del candidato.
Lo fue la del PSOE contra Adolfo Suárez en mayo de 1980, a sabiendas de que no tenía opción para descabalgarlo del poder (152 votos contra 166). Y lo fue la del PP de Hernández Mancha contra Felipe González, en marzo de 1987, cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta (191 votos contra 66 y 71 abstenciones).
No obstante, en el primer caso se cumplieron las expectativas de desgastar la imagen del presidente Suárez mientras se reforzaba la figura política de González como gobernante. Y en el segundo se pretendió atraer la atención del electorado hacia un joven político (35 años) encargado de tomar el mando de AP tras la dimisión de una personalidad tan arrolladora como Manuel Fraga.
"La moción de censura es un deber moral cuando la oposición considera que el Gobierno no ha defendido los intereses de los ciudadanos y se hace necesario dinamizar la vida política y crear una nueva ilusión colectiva", dijo entonces Alfonso Guerra para justificar la iniciativa. Hernández Mancha, en cambio, reconoció al cabo de muchos años que su objetivo principal fue frenar el ascenso electoral de Suárez y del CDS entre los votantes de centro derecha, una franja de opinión que había quedado huérfana tras la liquidación de la UCD que había fundado el político abulense.
A la vista de esos precedentes, a nadie puede extrañar que el Podemos liderado por Pablo Iglesias utilice el recurso de una tercera moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy a sabiendas de que no prosperará. Y están fuera de lugar las ironías sobre su seguro fracaso en la votación final. He seguido a saltos el curso del debate por la radio y la televisión porque una atención permanente durante más de ocho horas supera mi capacidad de resistencia. Doña Irene Montero hizo un relato pormenorizado de las corruptelas innumerables que aquejan al PP ayudándose con un movimiento constante de su brazo derecho, como quien bracea en una ciénaga y teme ahogarse en ella.
Le replicó don Mariano Rajoy que se ayudó con unos folios que traía ya escritos. Y le siguió el candidato señor Iglesias que hizo lo propio en su largo discurso, si bien le reprochó en una de sus réplicas sin papeles al presidente del Gobierno que las respuestas ya vinieran hechas. Es decir que, en vez de un diálogo de sordos el parlamentarismo actual se caracteriza por una lectura de textos ya cocinados y que la dialéctica brille por su ausencia. La rentabilidad política de esta iniciativa se verá con el tiempo.
