El actual ocupante de la Casa Blanca puede ser considerado con razón el enemigo número uno del planeta, pero no es por desgracia el único al que el futuro del mismo parece importarle un comino.
Está por ejemplo la industria automovilística, que usa en ocasiones de todos sus trucos para burlar las regulaciones tendentes a hacer algo más respirable y menos tóxico el aire que diariamente respiramos.
Lo hemos visto en el caso de VW, condenada en Estados Unidos -¡sí, precisamente en el país de Donald Trump!- a una multa de más de mil millones por utilizar un software que alteraba las emisiones de óxido de nitrógeno de sus motores diésel.
El grupo alemán reconoció ante la justicia norteamericana haber manipulado los motores de sus marcas VW, Audi y Porsche y aceptó recomprar o reparar los vehículos equipados con ellos.
El software utilizado permite que los vehículos emitan mientras se los examina en el taller tan sólo la mitad de los gases contaminantes que sueltan cuando circulan por la carretera.
Y esto ocurre incluso con los modelos más caros de Audi, los que pueden llegar a costar más de 84.000 euros en Alemania.
El diario "Süddeutsche Zeitung" se pregunta cómo ha podido transcurrir más de año y medio desde que saltó el escándalo hasta que el fabricante dijo haber dado con el software, el que él mismo instaló para trucar los motores.
Ya a finales de 2016 se habló internamente del uso de ese software, pero el grupo recurrió a argucias jurídicas para negar que fuese ilegal. Y sobre todo, nada de retirar los motores como nada de informar al público.
El automóvil es uno de los pilares de la industria alemana, su lobby es de los más poderosos lo mismo en Berlín que en Bruselas, y el Gobierno alemán optó en un primer momento por hacer la vista gorda en lugar de perseguir al tramposo.
Como señala el periódico muniqués, la industria del automóvil muestra "a lo grande" cómo funcionan ese tipo de engaños y de fraudes en la Unión Europea sin que los responsables sean por ello castigados.
Millones de vehículos circulan diariamente por las carreteras europeas sin que en muchos casos sus propietarios sean conscientes de que los motores superan hasta en un 1.000 por ciento los límites establecidos para proteger en la medida de lo posible nuestra salud y el medio ambiente.
Las autoridades se dicen ahora dispuestas a "cooperar" con los fabricantes para aclarar lo sucedido. Un trato de favor que no se depara a otros delincuentes.
