De modo que, a la vista de la frecuencia -aunque relativa- con la que la UE advierte a España y a Galicia de las cosas que marchan mal, quizá sea hora de que esos avisos se tomen con mayor seriedad de la que hasta ahora parece. Sobre todo los que van acompañados de la posibilidad de fuertes multas en caso de incumplimiento, porque no solo dejan mal la imagen del país, lo que nunca es positivo, sino que dañan la pública faltriquera de la que salen los fondos, lo que duele aún más.
Puestos a recordar, y sin necesidad de agotar el catálogo de ejemplos, baste con un par de ellos. El menos conocido en apariencia hasta que surgió fue quizá el referido al estado de las aguas de la ría de Vigo, tan inaceptable -en lo que a contaminación se refiere- para las autoridades europeas que amenazaron con una multa de dimensiones continentales. Aquello provocó un susto y aceleró la cuestión de las depuradoras, que aun así tiene flecos pendientes y no ha logrado todavía poner el contador en niveles aceptables.
El problema es que nada tendría de extraño que, al igual que pasaba con el asunto de la estiba, cualquier día Bruselas pierda la paciencia y le endose al gobierno de España no ya una sanción monetaria cuantiosa, sino que le endiñe también los gastos por el proceso de reclamaciones. Porque la situación en la ría de Vigo ha mejorado, pero hay otra parte del litoral gallego bajo la lupa comunitaria y ese instrumento no se usa para hacer aspavientos, como aquí, sino para tomar medidas contundentes.
Hace apenas unas horas, este periódico publicaba la información de que la UE había enviado otro "recado", o sea, otro aviso. Esta vez, a la Xunta y no por el mar, sino sobre el monte. Afirman las autoridades comunitarias que la plaga que afecta a los pinos en zonas del sur de este antiguo Reino es grave y, sobre todo, producto de la falta de control que causó la reproducción del mal, detectado en 2010, seis años después "por falta de control o deficiencias en su ejercicio". Y francamente, que aquí no se sepa cuidar bien el mar y el monte -según la UE- debería ser casi un escándalo, teniendo en cuenta que ambos "son Galicia".
Y hay algo más, casi tan malo como todo eso: que nadie podrá quejarse de mala fe o injerencia de la Unión o de animadversión europea hacia España. En realidad, la UE no hace sino exigir que se cumplan sus reglas a un socio que no las cumple. Y, como han dicho ya voces fuera de toda sospecha de euroescepticismo, los avisos no son sino una ventaja. Por un motivo: intentan hacer lo que el gobierno español olvida o retrasa.
¿No??
