28 de abril de 2017
28.04.2017
inventario de perplejidades

Lluís Llach y los funcionarios

28.04.2017 | 03:07
Lluís Llach y los funcionarios

Lluís Llach es un talentoso músico y cantante catalán que alcanzó su cenit de gloria y popularidad en los años finales de la dictadura, años en los que fue detenido varias veces mientras su obra y sus actuaciones en público eran prohibidas. Alguna de ellas, como L'Estaca, se convirtió en himno no oficial del sindicato católico polaco Solidaridad en su lucha contra el régimen comunista, y más cerca en el tiempo de la última revolución tunecina. Incluso ahora es utilizada algunas veces como canción de cierre en los mítines de Podemos y fuerzas afines.

Su perfil ideológico nacionalista era sobradamente conocido a través de sus canciones pero en un momento determinado dio un paso al frente en el ámbito político y se presentó como candidato independiente en la lista de Junts pel Si con la que fue elegido diputado autonómico. Desde entonces se ha convertido en uno de los más activos de la candidatura, hasta el punto de ser nombrado presidente de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente en el Parlament.

En ese papel se ha distinguido como uno de los principales apóstoles del soberanismo y recorre el país dando charlas sobre las ventajas de la independencia. En una de ellas advirtió a los funcionarios que trabajan para la comunidad autónoma que la Generalitat sancionará a todos aquellos que no acaten la Ley de Transitoriedad (también llamada Ley de la Desconexión) una vez sea aprobada en la cámara autonómica. "Se lo tendrán que pensar muy bien -dijo-, muchos de ellos sufrirán. Dentro de los Mossos hay sectores muy contrarios". La difusión de estas declaraciones ha provocado escándalo, sobre todo en Madrid, y el conductor de un conocido programa de radio (o auriga, por la cantidad de latigazos que arrea para hacer galopar la polémica) le ha llamado a Llach fascista y lo comparó en grado de imbecilidad con el juez Santiago Vidal, aquel que participó en la redacción de la futura Constitución catalana.

Sembrar inquietud en el funcionariado no parece la mejor forma de hacer digerible la propuesta soberanista. El funcionariado, tanto el que va armado de papel y bolígrafo, como el que porta porra y pistola, es el armazón central del cuerpo del Estado. Sin funcionarios no hay Estado ni garantías de que la maquinaria administrativa funcione puntualmente. Eso sí, a los funcionarios, con una plaza ganada por oposición y con estatuto que les obliga a actuar siempre dentro de la ley, no les gustan las situaciones ambiguas. Y menos todavía que se les fuerce por la brava a optar entre la fidelidad al viejo Estado que les venía pagando puntualmente la nómina por otro Estado del que no se sabe absolutamente nada.

El dilema me trae a la memoria la contestación que me dio hace años Alfonso Senserrich, tipógrafo del barrio de Gracia (donde residía buena parte de la aristocracia obrera de Barcelona). Le preguntaba yo si habiendo sido antes de la Guerra Civil del cuerpo de ciclistas de la Generalitat optaría por cambiar su plaza en una empresa pública por otra en la recobrada institución que presidió Tarradellas. Fue muy contundente al respecto. "La Generalitat -me dijo- desapareció una vez y nada nos garantiza que no volverá a desaparecer otra. Hay que ir a lo seguro".

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