Es inevitable decir algo sobre la sentencia. Pero no sobre los fundamentos jurídicos de la misma que ya se encargará el Tribunal Supremo de confirmarlos o modificarlos a su debido tiempo. (Además, ¿quién se lee sus casi mil folios de apretada redacción no siendo un penalista desocupado sin mejor cosa que hacer?). Así pues, el asunto se reduce a opinar si la pena para Urdangarin es demasiado leve o si la infanta Cristina también debería haber acompañado a su esposo camino de la cárcel, porque la excusa de que no se enteraba de las actividades de su marido no les parece válida. Eso, y nada más que eso es lo que se debate en las tertulias constituidas rápidamente en tribunales populares. El resto (absolución o condena de los otros procesados) ha pasado casi inadvertido como si fuera la relación de protagonistas menores al principio o final de un filme.
Desde sus inicios, el llamado caso Nóos ha mantenido entre entretenida y escandalizada a la opinión pública española porque la mezcla de ingredientes entre la crónica negra y la crónica rosa es un brebaje irresistible para los degustadores de emociones fuertes. Ahí es nada, una Infanta de España y su esposo, un destacado deportista, implicados en un feo asunto de choriceo. Algunos disfrutaron el espectáculo como una versión aristocrática de unos sofisticados Bonnie and Clyde que se dedicaban supuestamente a ordeñar instituciones públicas y privadas aprovechando su condición de miembros de la Familia Real. Y otros, como la guinda del maloliente pastel de la corrupción política que asoló el país durante estos últimos años. En ese agitado periodo de tiempo habíamos visto sentarse en el banquillo, o ingresar en prisión, a banqueros, políticos, deportistas, militares de alta graduación, eclesiásticos, policías, guardias civiles, alcaldes, estrellas de la canción española y un largo etcétera de personajes y personajillos relacionados directa o indirectamente con actividades públicas.
Todos contribuyeron a desmoralizar a la población que asistía indignada al saqueo. Pero este caso ya fue el colmo porque afectaba al corazón del Estado. El Rey Juan Carlos tuvo que abdicar en su hijo, después de haber tenido que pedir perdón por otras conductas suyas que parecieron impropias, y Felipe VI vio conveniente retirar a su hermana Cristina y a su cuñado del título de Duques de Palma y pedirle infructuosamente que renunciara a su condición de Infanta.
Una vez conocida la sentencia (seis años y tres meses de prisión para él y absolución para ella) queda a los medios centrar la atención en el posible ingreso en la cárcel, el régimen de visitas, los beneficios penitenciarios, los permisos y, por fin, la libertad, primero provisional y luego definitiva.
El serial es largo y de cada paso tendremos la correspondiente portada porque hay que estirar el negocio. En cualquier caso, para el que esto firma queda por averiguar en virtud de que extraño mecanismo mental un muchacho que tenía la vida resuelta se metió (o se dejó meter) en semejante lío. Aunque pienso que la mayor culpa la tuvieron los políticos que, por un extraño sentido del vasallaje, se avinieron a firmar unos pagos excesivos por unos trabajos inexistentes. El más listo fue Rajoy que en el año 2014 pronosticó que a la Infanta le "iría bien".
