En España no está resuelto el debate sobre la energía eléctrica. Todos se quejan. Los consumidores, de la tarifa; y los productores, de los costes ajenos a la producción y suministro que se incluyen en factura. Los sucesivos gobiernos no han encontrado solución estable y satisfactoria a un problema enquistado.
Pero en Galicia la discusión es más compleja. Somos una potencia productora (térmicas, viento, agua) y, por ello, hay quien considera que eso debería traducirse en un abaratamiento de la energía consumida en Galicia. Es la idea esencial de la llamada "tarifa eléctrica gallega" que aparece en las discusiones en el Parlamento de Galicia y en los medios de comunicación de forma recurrente. No obstante, en sentido contrario las empresas eléctricas ponen sobre la mesa los sobrecostes que supone el suministro a una población tan extraordinariamente dispersa como la gallega.
También hay analistas que inciden en las larguísimas concesiones que disfrutan las instalaciones hidroeléctricas y las escasas ventajas fiscales o de desarrollo socioeconómico que han supuesto los parques eólicos. Pero de nuevo las empresas eléctricas destacan la existencia de impuestos autonómicos sobre emisiones o el canon hidroeléctrico que exige la Xunta de Galicia. Finalmente, los cortes de luz que han afectado gravemente a miles de gallegos han motivado la queja de los usuarios y responsables municipales sobre la deficiente calidad y mantenimiento de las redes de suministro.
Mi opinión es que tenemos que sentarnos y contemplar el conjunto. Por un lado, los sobrecostes diferenciales de la eléctricas en Galicia derivados de impuestos autonómicos y la obligación de suministro a una población dispersa. Por otro, la calidad y suficiencia de las inversiones en la red de suministro y las externalidades negativas de la producción que sufrimos los gallegos y justifican una compensación. Comencemos haciendo los números de forma rigurosa, global e independiente y, luego, decidamos qué es lo que toca hacer.
*Director de GEN (Universidad de Vigo)
