La Cataluña orwelliana

A juzgar por los recientes acontecimientos sucedidos en Cataluña de la mano de un otrora vitoreado exjuez (por quienes ahora reniegan de él), sin duda las ventas pueden dispararse para tratar de entender lo que estaría por llegar. El caballero, suspendido de sus funciones como magistrado durante tres años por el Consejo General del Poder Judicial por la comisión de una falta disciplinaria muy grave, y que a punto estuvo de ser expulsado de la carrera judicial (ésa era la propuesta del Promotor de la acción disciplinaria), hizo una serie de afirmaciones en el marco de unas conferencias que está dando por toda Cataluña que dejan traslucir unos modos y maneras algo inquietantes en relación con determinados aspectos nucleares de la convivencia democrática. Comenzando -según puede leerse en prensa- por aseverar que la Generalitat tenía todos los datos fiscales de los ciudadanos, lo cual era ilegal porque el secreto estaría protegido por la ley, reconociendo que eran reservados y que en teoría los que llevaban ese proceso no deberían tener acceso a los mismos, pero que a veces sucedían cosas, que no iba a decir cómo, porque no era exactamente legal. Pero no contento con ello, añadió que habían determinado cuáles de los 801 jueces españoles que servían destino en Cataluña compartían sus sueños e ideales, asumiendo saber con cuales podían contar (unos 300) para jurar fidelidad al marco legal de la República catalana.

Además, ya tendrían diseñado un sistema informático judicial que detectaría cualquier incidencia o puntual incumplimiento por parte de los trabajadores del servicio de justicia, desde los auxiliares, tramitadores y gestores procesales hasta los letrados de la administración de justicia y, por supuesto, los jueces y magistrados. Por lo visto, saltaría una alerta en el sistema y rápidamente se bloquearía la aplicación y se presentaría un inspector para poner las cosas en su sitio reprendiendo rápida y ejemplarmente al infractor, que sería inmediatamente suspendido de sueldo, pero no de empleo. La judicatura sería controlada por una entidad ajena a la misma (se supone que desde el poder ejecutivo nacional catalán). Y no crean que haría falta gran cosa para despertar al dragón sancionador; bastaría con no poner a tiempo cualquier resolución. Claro que, en su descargo, hay que admitir que habría unos 2.800 jueces y magistrados (ahora son 800) y la carga de trabajo estaría más acorde con los medios humanos existentes que, por cierto, para compensar los 500 jueces que se irían y aumentar otros 2.000 se contrataría a abogados incondicionalmente afectos al nuevo régimen. Por lo visto no haría falta superar oposición alguna para acceder a la carrera judicial. Sólo inquebrantable adhesión.

Ya está bien -habrá pensado el antiguo juez- de que sus señorías y, aún más, sus señorías ilustrísimas, anden por ahí todo el día zascandileando entre el club de golf y el club náutico más preocupados del hándicap del campo y de apocar las velas cuando sopla fuerte el viento que de sacar adelante el papel plenamente comprometidos con el "procés". Los amados líderes del pueblo catalán (probablemente asistidos por circunspectos funcionarios del Ministerio de la Verdad) deben meter en vereda a todos esos tibios que no comulguen entusiasmados con el sano sentimiento del nuevo pueblo catalán secesionado. ¿Qué es eso de limitarse a aplicar la ley sin una verdadera afección a los nuevos valores republicanos? ¡El que se mueva no sale en la foto! -había dicho también en su día quien anunciara la muerte de Montesquieu.

Pues miren. Aparte de que los jueces, catalanes o no, están sometidos únicamente al imperio de la ley y jamás a ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ni tampoco tienen que asumir ideario alguno, lo que resulta insólito es que quien diga tales barbaridades haya sido hasta hace poco uno de ellos (y, por cierto, muy bien valorado en su función). Quiero imaginar que una vez desaparecido el efecto de la embriaguez secesionista, de los aplausos encendidos y de los ¡vivas! apasionados, el mencionado ciudadano recupere la serenidad de espíritu y se arrepienta de haber dicho -y pensado- semejantes desatinos. Aunque lo que resulta también verdaderamente preocupante es que pueda estar tramándose algo parecido por quien quiera que sea en el nordeste español, pues de ser así, más que de República catalana habría que empezar a hablar de República bananera (con todos mis respetos a estas naciones amigas tropicales).

*Magistrado y Profesor Titular de Derecho penal