¿Para cuándo la financiación local?

El protagonismo y relevancia que se otorga a la financiación autonómica empequeñece todavía más la mínima atención que los sucesivos gobiernos han prestado al tema de la financiación local. Desde que en el año 1988 se aprobase la Ley Reguladora de Haciendas Locales, pocas han sido las modificaciones que ha experimentado y, desde luego, ninguna del calado suficiente que las necesidades del mundo local requieren. Máxime si se tiene en cuenta que el modelo fiscal de las entidades locales se basa en un sistema implantado en la década de los años cincuenta y sesenta, con algunos retoques, sin que se haya abordado en profundidad su revisión, con los déficits que ello provoca.

Porque un simple vistazo a las calles de pueblos y ciudades de toda España permite advertir la transformación que unos y otros han experimentado como consecuencia de la acción (y los presupuestos) de los gobiernos y administraciones locales. Más allá de fenómenos de desarrollo puntual, como las smart city, se ha pasado de los tradicionales servicios básicos a incrementar exponencialmente su cartera de servicios no solo a los de carácter tecnológico, sino también acogiendo las demandas derivadas de la evolución de la sociedad y ofreciendo mayores estándares de calidad de vida a sus vecinos.

Pero la reforma debería de tomar en consideración, además de este escenario, las peculiaridades de cada territorio. En particular, en Galicia, donde el problema tiene también sus rasgos propios y diferenciales. Como hemos señalado reiteradamente desde Red Localis (http://redlocalis.com/) el minifundismo local que caracteriza a la administración local gallega condiciona la capacidad de captación de recursos y la utilidad eficiente de los presupuestos de las EE LL. Galicia está fuertemente marcada por el envejecimiento poblacional y la dispersión poblacional, en un grado tan elevado que supone un fuerte inconveniente a la hora de que los municipios puedan garantizar servicios de naturaleza universal.

Y sin embargo, en los momentos más duros de la crisis, las entidades locales han respondido como la administración más cumplidora en materia de gestión del gasto y déficit público, frente a las desviaciones de las comunidades autónomas y del propio Estado. Cumplimiento que se producía al tiempo que iban asumiendo mayores costes en materia de servicios sociales y bienestar, demostrando su tradicional capacidad de reacción frente a la inmediatez de los problemas, como administración más cercana a los ciudadanos.

Aunque en su génesis la reforma local de 2013 formulaba como uno de sus objetivos aprobar un nuevo sistema de financiación, hasta el punto de que se llegaron a condicionar normativamente gran parte de sus previsiones más controvertidas, como las relativas a los servicios sociales o educación, a ese hipotético nuevo marco, el tiempo transcurrido y el elocuente silencio alrededor de este tema no permiten albergar esperanzas de que sea, en estos momentos, una prioridad de legislatura.

¿Qué se puede hacer? Tanto desde la FEMP como desde la FEGAMP se ha demandado y se demanda continuamente que se aborde sin dilación, con rigor y desde un reconocimiento de la posición institucional que ocupan las EE LL un sistema de financiación adecuado a las competencias que se ejercen y al amplio catálogo de servicios públicos que se prestan desde el ámbito local. Toca ahora mover ficha al Estado para dar respuesta a una deuda endémica ya con el mundo local. ¿Para cuándo la financiación local?

*Doctora en Derecho y secretaria de Administración Local