El 6 de diciembre hemos vuelto a celebrar el día de la Constitución, que ya cumple 38 años desde que entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre de 1978. Un largo periodo de vigencia pero inferior, de momento, al de la Constitución del 20 de enero de 1876 que se prolongó durante 47 años, justo hasta el inicio de la dictadura del general Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923 al 28 de enero de 1930). Luego, vino la renuncia de Alfonso XIII tras unas elecciones municipales, el advenimiento de la República y la Constitución del 9 de diciembre de 1931 que estuvo en vigor hasta el fin de la guerra en abril de 1939, cuando se inicia la larga dictadura del general Franco (1939-1975).
Diferencias legales a parte, el principal lazo de unión entre la Constitución de 1876 y la de 1978 es que en los dos casos estaba en el trono un rey de la Casa de Borbón, lo que da una idea del apego hispánico (o al menos de su clase dirigente) a la monarquía como forma de Estado. Y esa alternancia entre periodos constitucionales y dictaduras militares es una de las desgraciadas características de la vida política española durante el siglo XIX y buena parte del XX.
Contaba con mucha gracia un amigo de mi padre que en una ocasión asistió a un mitin en la plaza de toros en el que uno de los oradores intentaba describir con una anécdota la infructuosa lucha popular en defensa de las libertades democráticas. "Combate el pueblo con las más limpias armas del coraje y de la razón por imponer las bases de una sociedad más justa -se desgañitaba aquel hombre- y cuando está a punto de conseguirlo viene un general a caballo y acaba con todo". Y de forma melodramática repetía el mismo párrafo una y otra vez. "¿Hasta cuándo vamos a soportar esta inicua situación?", preguntó al auditorio. Se hizo momentáneamente el silencio, hasta que desde las gradas llegó una voz potente en gallego: "Ata que morra o cabalo". Las risas se confundieron con los aplausos pero todo el mundo entendió que mientras los generales tuvieran la fuerza bruta a su disposición poco margen de maniobra habría.
Durante el periodo de vigencia de la Constitución de 1978, no hubo (salvo el 23 de febrero de 1981) ninguna intervención militar que pusiera en peligro el régimen legal establecido. Y en la que hubo, el oficial al mando de la tropa que asaltó el Congreso no era un general si no un teniente coronel de la Guardia Civil, y no iba montado en un caballo sino en un autobús alquilado por la extrema derecha. Pasado ese sofoco, no hubo ningún otro intento de cambiar por las bravas la Constitución y solo hay que significar en 2011 una modificación del artículo 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria y no superar en ningún caso los márgenes establecidos por la Unión Europea. Una cesión de soberanía, una más, que se gestó con gran discreción entre el entonces presidente del Gobierno, señor Zapatero, y el entonces jefe de la oposición, señor Rajoy. La Constitución no impone el bipartidismo pero lo favorece.
