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¿Somos corruptos?

Dos de cada tres españoles considera que la corrupción es uno de los problemas más graves que afronta nuestro país. Así se desprende del Barómetro Global de la Corrupción recientemente publicado por Transparency International, según el cual, esta proporción disminuye en el análisis global, hasta una de cada tres personas en Europa y Asia Central.

Según este estudio, en España, un 28% de los ciudadanos percibe un aumento de la corrupción en los últimos 12 meses, y, además, un 37% piensan que todo sigue igual. Y, en paralelo, 4 de cada 5 ciudadanos, piensa que sus gobiernos no realizan suficientes esfuerzos en luchar contra la corrupción, entre el 80 y el 86%. Los ciudadanos creen que se necesitan acciones urgentes contra el abuso de poder y los negociados secretos.

Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Por qué la percepción sigue siendo tan negativa? En el año 2013 se aprobaba una Ley de Transparencia, se ha modificado el Código Penal, la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, y numerosas leyes y medidas de otra índole. En Galicia, se ha aprobado un Código ético institucional, una Ley de Transparencia, y se han asignado significativas funciones de prevención de la corrupción al Consello de Contas, reforzando el papel del Valedor do Pobo como Comisionado de Transparencia.

Pero no es suficiente. Según los datos del barómetro, los ciudadanos exigen mayores y más contundentes medidas, las medidas adoptadas no cumplen sus objetivos de un modo satisfactorio. La corrupción percibida por la ciudadanía constituye un serio y relevante problema, pues es un síntoma de la desafección política y de la necesidad de regenerar instituciones y gobierno, para recuperar la confianza de la sociedad en la gestión pública.

¿Qué podemos hacer? Las propuestas de Transparencia Internacional alcanzan diferentes ámbitos, desde el control a los lobbies, pasando por asegurar la independencia del Poder Judicial, el apoyo normativo a los denunciantes e informantes sobre actos de corrupción, entre otros. Efectivamente, desde las instituciones públicas es necesario reforzar la lucha contra la corrupción, y sobre todo trabajar en el ámbito de la prevención, pero también desde la propia sociedad.

Desde la sociedad porque, aunque en España tan solo un 3% de los usuarios admiten haber pagado alguna vez un soborno al utilizar al menos 1 de los 8 servicios públicos indicados en la encuesta, hay muchas otras actuaciones que se mueven en la delgada línea roja de lo que cada uno considera qué es y qué no es corrupción: facturas sin IVA, pequeños fraudes tributarios, intentar influir en la toma de decisiones, demuestran que es necesario mejorar los estándares éticos más allá del nivel político, en el conjunto de la sociedad.

En definitiva, los datos señalan que según la percepción ciudadana somos corruptos y que hay que seguir actuando para prevenir y eliminar la corrupción. Para ello, es necesario actuar en diversos planos. Por una parte, a través de la adopción de medidas de reforma de las instituciones, mejorando procedimientos y controles, y con una dura sanción a los casos detectados. Pero sin olvidarnos de la promover un sólido compromiso social en esta tarea, pues en una sociedad que se rija por fuertes valores éticos y que censure, realmente, todo tipo de comportamientos irregulares, será mucho más difícil la aparición de personas y comportamientos corruptos.

*Doctora en Derecho y Secretaria de Administración Local

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