La semana pasada leímos en The Daily Telegraph un titular digno de los anales de la infamia: "The judges versus the people", decía la portada del periódico. Era un texto propio de un tabloide -de hecho, la primera página del Daily Mail replicó la del Telegraph- y no de un medio serio, por muy antieuropeísta o escéptico que se declare. Enfrentar a las instituciones con el pueblo, situar la voluntad popular por encima de la regulación de las leyes, ahondar en el descrédito de la separación de poderes, todo ello agrava la crisis de la representación democrática, que se va extendiendo como una peste desde inicios de siglo. La decisión de los tribunales británicos exigiendo que sea el parlamento quien apruebe el Brexit proporciona una nueva oportunidad al consenso, tras un referéndum que -como casi todos- solo ha servido para dividir al Reino Unido entre detractores y partidarios de Europa. Por supuesto, el sentido de la voluntad popular reflejada en el margen de unas pocas décimas nada dijo acerca de los matices necesarios: ¿qué tipo de vinculación se mantendría con la Unión?, ¿qué tipo de ruptura, cruenta o no, se plantearía con Bruselas?, ¿qué condiciones se podrían negociar y cuáles no? El "Brexit es Brexit" constituyó la variante inglesa del "no es no" de Pedro Sánchez y, en ese caso, han tenido que ser los jueces quienes modulen los excesos del poder cuando éste se extralimita en sus atribuciones. Más aún, cuando se sabe que muchos de los defensores públicos de la salida del Reino Unido mintieron abiertamente y sin pudor sobre las consecuencias del voto contrario a la Unión.
Es probable que el Brexit siga siendo Brexit finalmente, pero solo cumpliendo las normas y los requisitos legales -como debe ser-, y no de forma inmediata ni caprichosa. Cabe pensar incluso en una segunda vuelta que convierta las próximas elecciones en algo parecido a un segundo referéndum: unas elecciones en las que los distintos candidatos tengan que posicionarse al respecto y luchar distrito a distrito por reivindicar o impugnar la permanencia del Reino Unido en Europa. Pero, aunque no sea así, la decisión judicial servirá para prolongar un proceso -el de ruptura- que exige un acuerdo de ingeniería fina entre dos partes a día de hoy muy distanciadas. Y servirá también como dique de contención al populismo, precisamente ahora que busca propagarse como una epidemia por todo Occidente.
De Londres a Madrid: Rajoy ha puesto en marcha un nuevo gobierno de ánimo básicamente continuista, aunque haya suavizado algunas aristas. La marcha del ministro de Interior era previsible y no tanto quizás la de García-Margallo, que representaba una línea de opinión distinta sobre la cuestión catalana a la de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. En un juego de equilibrios entre las distintas sensibilidades del Partido Popular, Rajoy ha pedido a sus ministros que dialoguen intensamente con el fin de aprobar de forma acelerada los presupuestos del año próximo que, sin duda, exigirán recortes adicionales o subidas de impuestos. Pero el nudo gordiano de esta legislatura, una vez que la recuperación económica ya está en marcha, es la tensión territorial. Rajoy le ha entregado todos los poderes a Soraya Sáenz de Santamaría, cuya respuesta política hasta el momento ha sido básicamente reactiva y de carácter jurídico. ¿Sondeará el gobierno nacional la posibilidad de algún tipo de reformismo constitucional para embridar esta cuestión -una ley de lenguas, un guiño federalista-? Cuesta imaginarlo, sobre todo porque los acuerdos constitucionales requieren un clima de diálogo muy distinto al actual. En cambio, parece razonable y es de justicia que el eje mediterráneo -Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana- obtenga una mejor financiación en el próximo pacto sobre la materia. Como también es probable que los recortes previstos por Bruselas para encauzar el déficit público no se ceben en las políticas de protección social, ya muy debilitadas tras la crisis de 2008.
En todo caso, tanto la sentencia judicial sobre el Brexit como la formación del nuevo gobierno en Madrid nos demuestran que los retos del futuro inmediato exigen, por un lado, sosiego y respeto institucional y, por el otro, creatividad y diálogo. La debilidad parlamentaria del actual gobierno debería facilitar esta labor.
