Parece ser que, según se desprende del auto dictado por el instructor de la causa que se sigue contra Rita Barberá, a la sazón, ex Fiscal General del Estado con el Gobierno socialista, Sr. Conde Pumpido, está profundamente preocupado por lo que ha calificado como "serio riesgo de judicialización de la política". Es decir, que el Sr. Conde Pumpido, al igual que no pocos políticos, esto de acudir a la Justicia, a los tribunales, para determinar responsabilidades penales (no las políticas, pues estas últimas no suelen asumirlas) de los políticos y sus actuaciones no le parece correcto, pues alega "transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política"; curiosa frase para ocultar una realidad sangrante y doliente: esto es, la de la omertá, más conocida como ley del silencio basada en yo no denuncio tu gestión (por no decir fechorías) y tú no denuncias las mías; de este modo, los ilícitos penales cometidos por "los míos" en beneficio propio y/o del partido quedarán impunes a sabiendas de que nosotros tampoco denunciaremos "los vuestros". Esta práctica genera una impunidad de facto que no de iure, que convierte al político ejerciente, sobre todo si este es aforado, en un personaje casi al margen de la justicia; de ahí que cuando excepcionalmente un pequeño porcentaje "cae" normalmente por la denuncia de uno de sus cómplices o encubridores o cooperadores necesarios, observamos en sus grabaciones y declaraciones el más absoluto descaro que denota el amplio sentimiento de impunidad que poseía. Lo grave, no es pues, la judicialización de la política; esto es, que unos políticos denuncien a otros por sus ilícitos penales, sino la politización de la justicia; esto sí es uno de los grandes problemas de nuestro país y del sistema judicial actual. Claro que uno no duda de su independencia y profesionalidad, pero dista mucho de parecerlo, pues a la vista está el sistema de nombramientos por cuotas de poder y las puertas giratorias de juez a político y de político a juez, un escándalo más que preocupante. El resto no es sino el hecho de que todos los ciudadanos, políticos incluidos, tienen como límite de su conducta el Código Penal y los políticos, a mayores, un proceder que, de una vez por todas, debiera estar libre de toda sospecha.
