¿A quién debe más lealtad un diputado: a sus electores, a su partido o a su conciencia personal? Contrariamente a lo que pudiera pensarse sin excesiva reflexión, la respuesta a esta pregunta dista mucho de ser rotunda e inmediata y, por el contrario, requiere bastantes distingos y matices. Para empezar, nuestros diputados al Congreso se eligen en circunscripciones plurinominales, dentro de una lista partidaria cerrada y bloqueada y con arreglo a una fórmula electoral proporcional. Los electores, que por regla general lo ignoran todo de los candidatos (incluso, desde luego, sus nombres), votan a unas siglas simbólicamente asociadas, gracias a los medios de comunicación, al líder nacional del partido. Nadie lee, por supuesto, los programas electorales de las fuerzas políticas en liza, que además expresan un conjunto de deseos tan vagos como piadosos, cuando no simples peticiones a los Reyes Magos. Lo máximo que se llega a memorizar es el eslogan de campaña (usualmente un manido tópico) de tal o cual partido. A menudo se vota más en contra de lo que (visceralmente) se rechaza que a favor de aquello que serena, lúcida y racionalmente se prefiere.
Compárese esta situación con lo que ocurre en el Reino Unido, donde la circunscripción es uninominal (el único escaño a ocupar se lo disputan dos o más candidatos), la contienda está singularizada entre aspirantes que conocen muy bien el distrito, sus gentes y problemas y el diputado elegido lo visita cada fin de semana a lo largo de toda la legislatura, despachando en su oficina directamente con los ciudadanos que le trasladan sus cuitas. Un parlamentario así, conocido en la circunscripción por su nombre y su gestión personal, no es en la Cámara de los Comunes una mera máquina de votar, sino que tiene peso específico en el partido, que sabe hasta dónde puede estirar la siempre necesaria disciplina de quienes han de combinar el proyecto común y los intereses locales.
Cuando los diputados del PSOE que se apartaron de la consigna abstencionista fijada por la dirección del partido invocan la lealtad a los electores para justificar su rechazo a la investidura de Rajoy, da la impresión de que apelan a un compromiso o contrato con los votantes. Naturalmente, no existe tal cosa, es una forma de hablar. Habida cuenta de la personalización de la política (limitada a decidir sobre iconos vivientes: Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera) y el minimalismo de los mensajes (en los debates televisivos los iconos se reducen a emoticonos), las elecciones parlamentarias son en realidad poco más que un plebiscito cesarista "ad hominem". Una vez concluidos los comicios, los desconocidos diputados electos se difuminan en los bancos del hemiciclo y se ciñen a interpretar su papel de paisaje coral y rumoroso.
También se ha llegado a reivindicar, por parte de los diputados disidentes, "la libertad de voto por razones de conciencia", que, según el reglamento del grupo socialista, puede concederse excepcionalmente. Ahora bien, semejante previsión reglamentaria parece claramente pensada para conflictos religiosos o morales: los que pueden suscitar en la conciencia de los parlamentarios cuestiones tales como el apoyo a la despenalización del aborto voluntario, la regulación permisora de la eutanasia activa de los enfermos terminales, la autorización de la clonación no terapéutica de seres humanos, la legislación de prácticas eugenésicas, etc. En cambio, nadie puede reclamar seriamente libertad para apartarse de lo acordado democráticamente en una asociación voluntaria como un partido político y respecto de asunto tan político como la designación parlamentaria del presidente del Gobierno. La mención aquí de motivos de conciencia resulta de una desfachatez de cemento armado.
De otra parte, cualquiera que considerase que la abstención impuesta atentaba contra sus más arraigadas convicciones ideológicas tenía ante sí dos caminos: acatar disciplinadamente lo decidido por la mayoría del Comité Federal (suprema autoridad colegiada del PSOE entre congresos) o renunciar al acta de diputado. Esto segundo resultaba perfectamente legítimo y coherente, si es que se juzgaba personalmente inasumible, en términos de ideario político, facilitar el acceso a la jefatura del Ejecutivo del candidato de la derecha. Pero, aparte de Pedro Sánchez (cuyos motivos, además, encajan mejor en la ambición personal, según creo), los otros discrepantes del PSOE, en un acto de soberanía individual incompatible con la pertenencia a un partido y/o a su grupo parlamentario, se permitieron contradecir lo decidido por sus dirigentes.
En esta ceremonia de la confusión tampoco ha faltado quien, para defender el derecho de los diputados a la disidencia frente a su propio partido, ha esgrimido el precepto constitucional que proclama que "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", de manera que su independencia se hallaría blindada incluso respecto a las instrucciones partidarias, por muy vinculantes que se pretendan. Sea ello cierto o no (cosa imposible de tratar en un breve artículo), resulta indudable que, conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, la titularidad jurídica del escaño pertenece al diputado y no al partido en cuyas herméticas listas electorales se presentó ante la ciudadanía. Pero ello no convierte en ilícitas las órdenes recibidas del partido. Un moderno Parlamento democrático solo es operativo mediante la acción de los partidos políticos, y de ahí la trascendencia que la Constitución les reconoce y el protagonismo que asumen en el Reglamento del Congreso, donde los diputados individuales poseen escasa autonomía respecto del correspondiente grupo parlamentario. Por consiguiente, la obligada --tanto en clave democrática como organizativa-- disciplina parlamentaria no debe tacharse de inconstitucional. Eso sí, el diputado solipsista y egocéntrico que hace su real gana podrá ser sancionado hasta con la expulsión del grupo, pero no con la privación del escaño, de manera que durante el resto de la legislatura habrá de cobijarse en el limbo del Grupo Mixto. Antes que dimitir con dignidad, algunos lo prefieren para no perder ni los dineros ni el aforamiento.
Finalmente, el caso peculiar de los diputados "negacionistas" procedentes del PSC refleja un conflicto de lealtades entre ese partido catalán y el PSOE. A la vista del desafío secesionista, lo recomendable en este momento es un ejercicio de prudencia, imponer la debida sanción económica a los infractores y reforzar la coordinación entre ambas formaciones políticas, no dinamitar un puente que hoy por hoy debe calificarse de imprescindible.
*Catedrático de Derecho Constitucional
