Pues la verdad es que, sin ánimo de ofender, se entiende -aunque no se comprenda- bastante bien la cólera de sindicatos y patronal hacia la Xunta. Se produce tras conocer las rebajas que, en ayudas, sufrirán esas entidades, beneficiadas de antiguo por fondos públicos para fines, aparte el organizativo, que no se ven por ninguna parte: más bien lo contrario.
(No debiera interpretarse la opinión expuesta -que eso es, y nada más- como descalificadora. Surge solo de un análisis sereno de los objetivos que en teoría deberían sufragar esas ayudas. En materia de formación sindicatos y patronal no hacen lo que debieran, y ahí está para probarlo el aviso reiterado de que el desempleo crece o se prolonga por la falta de preparación de muchos parados.
En el otro gran asunto, el de la creación de puestos de trabajo, las cosas aún están peor. Cierto que la última EPA registra un alza apreciable, pero los números gallegos son indefendibles: un 16% de parados, pese a estar por debajo de la media estatal, sin muchos, y quien ha de crear empleo son las empresas y defenderlo, los sindicatos. La Xunta solo apoya.)
Pero lo que resulta intolerable es la reacción de las supuestas "fuerzas vivas" laborales -que aquí están en agonía o en catalepsia- atacando al gobierno autonómico porque parte del dinero que hasta ahora recibían se vaya a otras entidades. Si hubiera de valorarse la continuidad o recorte en función de resultados, quizá en vez de reducción sería eliminación.
Y ya puestos, es más que discutible que el dinero público haya de fluir hacia este tipo de entidades que, aparte de la retribución por un teórico interés público, deberían financiarse con las cuotas de sus socios o afiliados. Y prescindir de vías paralelas y a menudo tramposas, ya conocidas.
Naturalmente -vista la larguísima tradición de tantos y tantos colectivos de todo tipo han acumulado de alimentarse en la teta de la Administración-, estas opiniones resultarán rechazables, y en algún caso tenidas por insultantes, para sus destinatarios. Pero el supuesto interés social que justifica -y legaliza algunas subvenciones- plantea también sus dudas.
Sin ánimo de agotar el catálogo de ejemplos, habría que preguntarle a la patronal qué interés tiene para la sociedad en su conjunto -aparte del escándalo- el espectáculo de banderías, guerras -sucias- internas y la casi situación de quiebra en que se encuentra. Y de los sindicatos, demandar que explique sin más demora su continuado descenso en la nómina de afiliaciones -de donde habría de obtener su primera fuente de ingresos- que puede interpretarse como desinterés social.
¿O no?
