De modo que, asumiendo con plena conciencia el riesgo que implica la reiteración, conviene insistir en la necesidad de una reflexión sobre la creciente pérdida de capacidad de decisión de los gallegos en empresas que hasta ahora les pertenecían, o en las que, sin o con alianzas, eran mayoritarios. Hace pocos días eran tema de actualidad -que no perdieron- los chinos, pero la afluencia de capital extranjero sigue y con ella cierta inquietud social.
El último caso, por ahora, ha sido el de la venta de la firma gallega "Geriatros", dedicada a la prestación de servicios sociales especialmente orientados, aunque no sólo, a los mayores y que en los últimos años había experimentado un crecimiento muy destacado. Su pase ahora a manos de una empresa francesa puntera en el sector, puede provocar algún desajuste en aquellos servicios, especialmente sensibles en un país que, como Galicia, abunda en eso que dio en llamarse "tercera edad".
En este punto es obvio que no se trata de luchar contra la evidencia de un sistema que hace del mercado y su juego la deidad principal, ni tampoco discutir el derecho legítimo que los propietarios tienen a disponer de lo que les pertenece, entendido que ello se haga bajo el imperio de la ley y velando por los intereses de todos. Pero, como siempre, hay matices que atender.
Queda dicho que la empresa en cuestión se dedica a servicios sociales, y cumple añadir que su concesión depende de los gobiernos y en muchos casos, también las ayudas o subvenciones, además de convenios cuando las plazas públicas no existen o son insuficientes. Algo en cierto modo parecido a lo que ocurre en el extremo contrario del arco poblacional, que es el que ocupa la enseñanza obligatoria.
Esa situación genera también derechos para los usuarios y, desde luego, obligaciones para las empresas: ambos deben quedar al abrigo de caprichos o de operaciones dudosas que apenas generan otra cosa que pingües beneficios para unos pocos. De ahí que se reclame un control estrecho de la Administración, especialmente cuando existe, o existió, dinero público por medio.
No pocos analistas creen que la afluencia de inversión extranjera a Galicia es una demostración de la buena salud económica del país. Y eso probablemente es cierto, pero convendría matizar que una cosa es la llegada de capital que crea aquí puestos de trabajo o salva los que hay y otra, diferente, la que se limita a controlar los consejos de Administración y cambiar de sede, además de protagonistas, las decisiones estratégicas. Lo que no es malo, pero tampoco lo contrario.
¿No...?
