El Observatorio de la Europa Corporativa, una ONG dedicada a vigilar el intenso cabildeo de todo tipo que se desarrolla diariamente y sin apenas transparencia en los despachos de la UE, no tiene dudas.
La multinacional biotecnológica estadounidense Monsanto y otras empresas tanto europeas como norteamericanas del sector agroquímico dedican millones anualmente a influir a su favor las decisiones de gobiernos e instituciones.
Lo que hacen esas empresas constituye "un ataque directo a todos nosotros, al planeta y a la democracia", denuncia el Observatorio, que ha convocado para esta semana en La Haya un tribunal internacional que juzgue tales prácticas de Monsanto.
El tribunal, apoyado por decenas de organizaciones no gubernamentales, estará integrado por cinco jueces internacionalmente conocidos, que escucharán los testimonios de una treintena de personas de los cinco continentes.
Su propósito, un tanto ilusorio, reconozcámoslo, en vista de la desigual relación de fuerzas, es intentar que se incluyan los crímenes contra la salud y el medio ambiente en el derecho penal internacional.
Monsanto es el fabricante del "RoundUp", el herbicida de mayor venta en el mundo, cuyo principio activo es el glifosato, del que existen sospechas de que puede tener efectos cancerígenos, algo que niega el fabricante.
Monsanto y otras multinacionales del sector de la biotecnología, como Basf, Bayer, Syngenta o Down-Dupont, han tejido una tupida red de lobistas para tratar de convencer al mundo de que sus productos no representan peligro alguno para la salud.
En vísperas del anunciado tribunal Monsanto, el Observatorio de la Europa Corporativa ha publicado un detallado estudio de esa red dedicada al cabildeo a todos los niveles y denuncia las puertas giratorias entre la industria, los gobiernos y las instituciones.
Según el Observatorio, Monsanto ha pagado a científicos para que desacrediten, entre otras, las conclusiones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (siglas inglesas: IARC).
Los científicos de esa agencia, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, concluyeron que el glifosato "podría tener" efectos cancerígenos, lo que hizo que Monsanto pasara inmediatamente al contraataque.
La multinacional montó rápidamente un grupo de trabajo para defender su producto estrella y, a través de la firma de relaciones públicas Hume Brophy, publicó su propio informe, que llegaba a la conclusión contraria.
El problema es que la mayoría de los estudios relativos a herbicidas y transgénicos están financiados por la industria, que dedica anualmente millones de dólares a pagar a empresas de relaciones públicas a la vez que financia campañas electorales en EEUU.
Monsanto gastó, según el informe del Observatorio, 4,33 millones de dólares en cabildeo directo aparte de financiar con otros 2 millones distintos lobbies del sector agroquímico.
Además gastó unos 8 millones en luchar contra la campaña del Estado de California a favor del etiquetado de los transgénicos.
Según el Centro de Política Responsable de EEUU, más de la mitad de los que trabajaron en 2013 y 2014 como lobistas en la asociación de la agroindustria CropLife habían ocupado puestos en el Gobierno de Estados Unidos.
No es de extrañar tampoco que, como revelaron las filtraciones de Wikileaks, el Departamento de Estado norteamericano defienda activamente los intereses de Monsanto en países como España, Alemania, Argentina, Egipto o Suráfrica, por sólo citar algunos.
Parte de esa batalla son los esfuerzos a ambos lados del Atlántico por impulsar los tratados de libre comercio como el CETA con Canadá o el TTIP, con Estados Unidos, que deben servir, entre otras cosas, para debilitar el principio de precaución europeo frente a los transgénicos.
