Desde el más estricto animus opinandi, y por lo tanto con respeto absoluto para su planteamiento, quizá la señora juez que lleva el caso del accidente de O Porriño podría haber matizado algo su petición de que lo sucedido se investigue a fondo. Y no sólo porque el control de cómo se haga le corresponde a su juzgado y por tanto en cierto modo la solicitud es a sí misma, sino porque, al reclamar "independencia" en la gestión abre, al menos entre los más suspicaces observadores, no pocas dudas.
Los primeros resultados se conocen ya: el accidente ocurrió al circular el tren a 118 kilómetros por hora en un tramo provisional por obras en el que lo obligado eran 30. Las cajas negras incluyen el dato de que se cursaron señales de aviso y orden de reducir la velocidad, pero no se cumplieron. Y como el maquinista falleció, será muy difícil saber qué le ocurrió para que se diera la doble circunstancia de exceso y omisión.
A partir de ahí, el problema no estará, probablemente, tanto en los datos cuanto en la reacción que produzcan. En el ámbito de las víctimas y familiares y, para mayor desgracia, en el de políticos sin escrúpulos que busquen no tanto la verdad cuanto una rentabilidad electoral de posibles fallos. Y algún caso ya se produjo con críticas disparatadas a la atención sanitaria inmediata en O Porriño. Y aquí, cuando hay precedente, hay causa.
La cuestión, desde el punto de vista de quien la expone, es que la petición expresa de "independencia investigadora", que debería ir de suyo en la tarea, suscita la duda de que pudiera no existir, o no del todo. Y eso sería un riesgo muy serio no ya para las garantías de los afectados, sino para la confianza de los ciudadanos y la credibilidad de instituciones que son del Estado, no de los gobiernos.
Es verdad que en la memoria de todos está presente la catástrofe de Angrois, su aparentemente mejorable gestión y los inexplicables -y no explicados- episodios de los dos informes español y europeo sobre lo ocurrido y sus causas. Pero eso no debiera influir en otros accidentes y menos aún suscitarse dudas desde instancias en las que debe suponerse objetividad y serenidad.
Dicho de otro modo, en este país no debiera andarse el camino de las dudas sistemáticas -al menos mientras no exista alguna muy fundada- en instituciones que en teoría están fuera de la pelea política y en manos de profesionales cuya eficiencia viene garantizada por una selección muy severa. Porque ese camino sólo conduce a un abismo en cuyo fondo acabarán estrellándose principios claves para la convivencia, que son lo que significa la democracia de verdad.
¿Eh...?
