No sé por qué se prestan desde hace años partidos y gobiernos que siguen utilizando la etiqueta de "socialistas" a hacerle el trabajo sucio que a veces no se atrevería a hacer por su cuenta la derecha.
Me refiero, por ejemplo, a la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución española, pactada en su día por los socialistas españoles con el PP con nocturnidad y alevosía: es decir, sin consultar al pueblo que llamamos "soberano".
Siempre he pensado, y creo que así piensan muchos, que el presidente Rodríguez Zapatero debió dimitir en aquel momento y dejarle la tarea, incompatible con lo defendido hasta entonces por los socialistas, al Partido Popular.
Pero no lo hizo, y así está hoy el PSOE donde está, amenazado por un desafiante Podemos, surgido del descontento popular con una izquierda que pareció traicionar sus principios aunque fuera, como se nos explicó en su día, por imposición de Bruselas.
He pensado en ello estos días con motivo de las huelgas en Francia, gobernada también en este momento por un Partido Socialista que parece sorprendido por la extraordinaria reacción sindical a su nueva ley del trabajo.
Desde la incorporación a su Gobierno como primer ministro del duro Manuel Valls y sobre todo del titular de Economía, Emmanuel Macron, el presidente Hollande, tan débil en otras ocasiones, parece dispuesto a romperle el espinazo al sindicato más combativo, la CGT que lidera el duro Philippe Martinez.
Con su reforma laboral, el Gobierno francés no hace ahora sino seguir los pasos dados antes por otros: por los dos últimos gobiernos españoles, del PSOE y el del PP; pero también, hace dos años, por el Partido Democrático del italiano Matteo Renzi con la ley que -modernidad obliga- bautizó en inglés como "Jobs Act".
Es decir, una vez más, un Gobierno que se proclama de izquierdas -algo que habría que discutir mucho a tenor de las palabras y los actos de la desavenida pareja Macron/Hollande- hace leyes que uno identificaría tradicionalmente con la derecha.
La nueva ley del trabajo francesa, justificada como siempre por la necesidad de aumentar la competitividad de las empresas en tiempos de globalización, persigue una mayor flexibilidad laboral para facilitar tanto la contratación como el despido.
Para ello pretende por su artículo 2, el más polémico de todo el texto legal, anteponer los acuerdos a nivel de empresa a los convenios colectivos de carácter sectorial, algo que rechaza la CGT por considerar que debilita al trabajador y le deja casi siempre a merced del patrón.
"Los trabajadores son tratados como basura, ya hemos tenido suficiente, ¿y este Hollande quien pretende representar a la izquierda?", se quejaba uno de los portavoces de ese sindicato.
Según los propios medios franceses, ni siquiera el expresidente conservador Nicolas Sarkozy se habría atrevido a presentar una ley como la elaborada por la ministra de Empleo del gobierno Valls, Myriam El Khomri.
En otra época, es decir antes de la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque comunista, leyes como estas podían esperarse de políticos tan conservadores como Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Pero ahora corren otros tiempos.
