Sin la menor pretensión de meterse en camisas ajenas, y con el riesgo de error que conlleva hacerlo, quizá no esté de más una referencia a la decisión de la fiscalía de ampliar la investigación en el asunto de "Pescanova". Para ello, el ministerio público aduce que se trata de un caso complejo, algo que parece indiscutible aunque solo fuera por el volumen de información periodística que se acumula. De modo que poco hay que decir aparte de quedar a la espera de lo que decida finalmente quien tiene competencia.
Dicho eso, no ha de estorbar otra reflexión. La complejidad significa, per se, extensión en el tiempo y profundidad en los datos, lo que a su vez implica cautela y prudencia en la instrucción. Y eso exige, al hablarse de una empresa que ha formado parte esencial de la marca Galicia, esmero en evitar daños colaterales, bien en forma de filtraciones o de descuidos. O sea, lo mismo que debería atenderse en cualquier otra causa pero que a la vista de lo que ocurre en el sistema judicial español no es lo más frecuente.
Sucede que la petición del fiscal coincide con el anuncio de que también se amplían, o se reclama, la ampliación de otras causas, algunas de ellas ya notoriamente largas, que afectan a empresas más o menos significativas en sus relaciones con la Administración y a personas de rango presente o pasado -reciente- en la actividad pública. Y eso, se quiera o no, significa que unas y otras quedan en entredicho, si no para siempre, al menos durante un largo período. Y eso no solo no beneficia a la Justicia -sobre todo en la hipótesis de inocencia-, sino que perjudica a todos.
Por tanto, la solicitud, tanto frecuente como ignorada, de agilidad judicial no supone una crítica en sí misma sino, expuesto con toda modestia, una forma de colaborar con el objetivo final del sistema, que no es otro que dar a cada cual lo que le corresponde o, dicho en idioma original, suum cuique tribuere, lo que no es precisamente una tarea sencilla. De ahí, por supuesto, que no quepa olvidar la alegación de complejidad y que conlleva la necesaria dotación de recursos materiales y humanos suficientes para lograr lo que se pretende: casualmente, de esos recursos es de lo que no se dispone, al menos en la cuantía que se requiere.
No es una crítica: solamente el recordatorio de que para hacer justicia, y aportar ejemplaridad, es imprescindible que se guarden unas ciertas reglas de eficacia y eficiencia técnicas, pero también un esmero especial para cuidar los derechos fundamentales de las personas jurídicas o individuales. Y, además, para que no sufra la confianza pública con el sistema. Al fin y al cabo hoy, en lo que McLuhan llamó la "aldea global", la imagen que se proyecta es casi tan importante como la realidad.
¿O no...?
