Un grupo de okupas consiguió -sin pretenderlo- que el Ayuntamiento de Barcelona les pagase el alquiler del local en el que habían irrumpido, circunstancia que en sí misma resulta paradójica. Si uno abona, o le abonan, la renta por una vivienda, difícilmente podrá decirse que la está ocupando de manera ilegal. Y un okupa que en realidad no ocupa nada, carece por completo de sentido.
Para resolver esa contradicción, la alcaldesa Ada Colau decidió dejar de pagarles el alquiler y convertirlos así en auténticos okupas. Colau procede del movimiento hipotecario en el que hizo carrera como líder contra los desahucios: y tal vez pensaba que los afectados tendrían eso en cuenta. Infelizmente, no fue así. Lo cierto es que se le rebotaron como si fuese una autoridad burguesa cualquiera, con los subsiguientes quebrantos de orden público que estos días nos ofrecen las teles en directo.
Quizá asustada por el conflicto que había desatado sin querer, la alcaldesa intentó arreglar las cosas comprando el local en cuestión para ponerlo a disposición de los okupas. La idea, más o menos, consistía en ponerles un piso al modo de aquellos señorones antiguos que pensionaban a sus amantes con una vivienda.
Solo el alto precio del inmueble disuadió a la voluntariosa Colau de ejecutar la compra, aunque tampoco es seguro que los beneficiados aceptasen el regalo. A fin de cuentas, una revolución financiada con fondos municipales y espesos no es revolución ni es nada; si bien no resulta menos cierto que antes habían admitido sin mayores problemas que el consistorio les pagase el alquiler.
Tan singulares sucesos invitan a conjeturar que el okupa, en su variante hispana, presenta muchos de los rasgos del país que alumbró al Lazarillo de Tormes. El "squatter" de aquí pretende, como sus antecesores ingleses, denunciar la existencia de viviendas vacías y reclamar el derecho a ocuparlas. A diferencia de ellos, sin embargo, no siempre le hace ascos a que la autoridad competente le pague la ocupación, como se ha visto en el extraño caso de Barcelona.
Por más que tal vez considere los impuestos como un abuso típico del capitalismo, el okupa español -o al menos, algunos de Cataluña- no encuentra paradójico que el contribuyente corra con sus gastos de alquiler, luz, agua, recogida de basuras y hasta con el tributo sobre bienes inmuebles, antes llamado contribución.
Incluso los anarquistas parecen ser gente de orden y amiga de la subvención en esta conservadora España donde la primera inquietud de los veinteañeros -a juzgar por el 15-M- se cifra en contraer nupcias con el banco por medio de una hipoteca. Cuesta imaginar a los insurgentes franceses de Mayo del 68 reclamando en las calles pisos bonitos y baratitos en vez de buscar la playa bajo los adoquines; pero ya se sabe que cada país tiene sus peculiaridades.
En el caso de España, hasta los luchadores contra el "sistema" que a veces les paga el alquiler tienden a centrar sus preocupaciones en asuntos tan prosaicamente pequeñoburgueses como la vivienda, las hipotecas y lo chorizos que son los políticos.
Lejos de ser realistas y pedir lo imposible, sus exigencias son de lo más moderadas: razón que acaso explique la prontitud con la que los alcaldes acuden a atenderlas. De ahí a que naciese la figura del okupa de alquiler con cargo al contribuyente no había más que un paso. Y ya se ha dado.
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