A la espera de que se pronuncien los tribunales -de los que, siquiera por esta vez, habrá que exigir una investigación a fondo, ponderada y sobre todo ágil-, la sola idea de que se haya dejado morir a enfermos por negarles un tratamiento supuestamente eficaz parece en principio -como dijo el presidente Feijóo- "un disparate". Que suena aún peor si se añade que la negativa habría sido por motivos económicos, los tristemente célebres "recortes".
Ocurre que hay muertos, y eso proporciona al caso la especial gravedad que tiene y provoca, además del lógico dolor en sus familias, una alarma social intensa. La hepatitis C no es una epidemia en Galicia, pero no son pocos los casos, algo que puede suponer el daño colateral de la desconfianza indebida hacia un sistema, el sanitario gallego, que aquí funciona en términos generales de un modo más que positivo.
Lo que parece innegable es que los "recortes" repercuten en los medios disponibles, tanto técnicos como personales, en el ejercicio de la Sanidad pública. Lo que está por ver es si ha habido, aparte de incomodidades, una peor atención a los pacientes, y eso exige prudencia en el análisis, investigación y una transparencia absoluta en la gestión, además de explicaciones suficientes dadas en lenguaje llano e inteligible para el público.
La exigencia, a la vez y de una forma tajante, ha de añadir la absoluta exclusión de la partidización del caso. Resulta obvia la necesidad de control desde la oposición, del mismo modo que obligadas son las explicaciones del gobierno y la cautela -poco habitual, esa es la verdad, en muchos casos- de la autoridad judicial. Pero ha de evitarse la cínica utilización de los muertos para buscar rédito electoral, que es otra cosa
De facto, esa mala costumbre ya se ha reiniciado. Ayer mismo, voces autorizadas desde la izquierda han abierto con este triste episodio la precampaña gallega, y sin esperar a los datos de la investigación pedían dimisiones. Entre ellas voces que, tras la catástrofe del Alvia en Santiago, "olvidaron" al que cuando se abrió el tramo era ministro y autorizó cambios en la licitación de la obra para inaugurarla justo en una víspera electoral. Por ejemplo.
Desde luego, si los muertos de ahora lo han sido por negligencia o porque se escatimó lo preciso para atenderlos -por difícil que resulte aceptar la idea-, merecen justicia. Pero si aquellos que, bajo la coartada de que defienden vidas, usan el caso para organizar un escándalo -habitual cuando las urnas están a la vista- deberían calificarse como lo que realmente son; buitres de la política que utilizan lo que sea para engordar su buche electoral.
¿O no...?
