Con la presentación del déficit público se ha desatado una guerra de reproches entre el Gobierno y las comunidades autónomas, cuando no es la primera vez que se incumple el objetivo pero sí la primera que se intenta poner remedio, aunque haya tenido que ser con un Gobierno en funciones, remitiendo sendas cartas que han levantado ampollas.

Una de esas cartas tenía por objeto recordar a Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Valencia que no están remitiendo la información sobre el control de su deuda financiera y de los períodos de pago a proveedores, lo que no es una opción sino una obligación legal. Otra fue remitida a todas, salvo a Galicia, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, con el requerimiento de que, ante el incumplimiento del objetivo de déficit, aprobasen en 15 días la no disponibilidad de créditos para corregirlo, con las reacciones que conocemos.

Otra carta, remitida en marzo de 2015 a todas las comunidades excepto las de régimen foral, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y La Rioja, les solicitaba información sobre las medidas para contener la desviación de la deuda financiera y dar cumplimiento al período de pago a proveedores, contestando todas menos Aragón y Extremadura. Seis meses después, y al seguir estas superando el plazo máximo de pago a proveedores, se les solicitó nuevamente la adopción de las medidas previstas legalmente. Pues bien, ante la insistencia en la situación, hace unos días se les envió la última carta anunciándoles la retención de fondos para pagar directamente a sus proveedores, con la respuesta desde estas comunidades que hemos escuchado pero de las que no hemos oído ni una sola justificación de este comportamiento, a mi modo de ver, gravísimo.

Echémosle también un vistazo a la evolución del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y al comportamiento de algunas comunidades adheridas al mismo. Este fondo se creó en 2012 y supone la concesión de préstamos por el Estado a las autonomías para que hagan frente a sus compromisos en dos vertientes: la deuda financiera y el pago a sus proveedores a cambio de elaborar un plan de ajuste para corregir la desviación del déficit. Este fondo ha tenido continuidad hasta hoy en día y al mismo se han ido sumando comunidades y dando de baja otras, pero voy a referirme a las ocho que se repiten: Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia. Su deuda financiera al final de los 4 años liquidados ha aumentado en un 38,4%, no sé si por vencimientos con distintos plazos de amortización o porque se ha incrementado su deuda, y por lo tanto su volumen de gasto, en cuyo caso se habrían incumplido sus planes de ajuste, como parece indicar el que ninguna de ellas cumpliera sus objetivos de déficit durante todo este período, aunque sin consecuencias. ¿Y qué ha pasado con el pago a sus proveedores?, pues que la deuda también ha ido creciendo año tras año hasta suponer en 2015 el doble que la que tenían al empezar el FLA en 2012. Esto solo puede tener dos causas: o bien son incapaces de hacer frente al pago a sus propios proveedores, lo que ya no sería un problema coyuntural que pueda paliarse con un fondo de liquidez sino que estaríamos ante un problema estructural, y por tanto de mucho más calado, o bien no han destinado los fondos recibidos al objeto para el que lo fueron, en cuyo caso estaríamos ante una situación gravísima que debe ser aclarada suficientemente, tanto por ellas como por el Ministerio de Hacienda.

Desde 2012 y hasta el primer trimestre de este año a través del FLA se han inyectado a las comunidades autónomas unos 98.000 millones de euros, lo que supone que estas han podido liberar de sus presupuestos una cantidad similar para otros fines. ¿Qué hubieran hecho si siguiésemos como antes de 2012, sin FLA? Y sin embargo ahora, cuando se habla de contener el gasto, enseguida salen con la educación, la sanidad y los servicios sociales. ¿Seguro que no tienen otras áreas en las que meter la tijera? Yo creo que a poco que revisemos encontraríamos algunas.

Lo urgente es que, con independencia de cómo deba hacerse el reparto del objetivo de déficit, los responsables de esta situación, las comunidades autónomas, por activa, y el Ministerio de Hacienda, por pasiva, se dejen de demagogia, pongan pie en pared y ejerzan la responsabilidad que se les supone, reconduciéndola y arrojando luz al destino y aplicación de unos fondos públicos siempre sumidos en cierta oscuridad, hasta el punto de que, entre unas y otro, están convirtiendo en un fondo de financiación para unas cuantas lo que en realidad es un fondo de liquidez para comunidades en apuros.

*Secretario de Administración Local