Los ciudadanos no conocen ( y no creen) en los esfuerzos de la administración en materia de transparencia. Así se deriva del Informe AEVAL 2016 "Estabilidad y mejoría en los servicios públicos", que tiene por objeto informar periódicamente de la percepción social de los servicios públicos y del nivel de calidad con el que se prestan y en el que llaman la atención los datos en relación con la transparencia.
El informe mide el grado de conocimiento sobre tres ejes fundamentales para conseguir una definitiva implantación de la transparencia y la creación de auténtica cultura de transparencia: Ley de Transparencia, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Portal de Transparencia. Y constata que entre los ciudadanos que sí conocen la existencia de estos mecanismos más de la mitad considera que han servido poco o nada para aumentar la transparencia en las instituciones. Dato demoledor y muy significativo del escaso impacto que están teniendo en la ciudadanía.
En cuanto a la Ley de Transparencia, pasados casi dos años desde su aprobación, la mitad de la población desconoce la existencia de esta norma. En particular, debe actuarse en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información, respecto al cual los datos existentes de las distintas administraciones son preocupantes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano de control independiente, todavía goza de un menor nivel de conocimiento que el referido a la normativa. Me consta y he puesto en valor en numerosas ocasiones la labor que desarrolla el Consejo, pero está claro que debe llegar a más ciudadanos, a todos.
Y, por último, el Portal de Transparencia del Estado. Un 22%. Ese es el porcentaje de conocimiento ciudadano del Portal de Transparencia. Un dato extremadamente bajo, y que todavía resulta más reducido si se toma en cuenta los datos relativos al porcentaje de ciudadanos que afirman haberlo utilizado en alguna ocasión.
Se abren pues frente a esta situación dos retos. El primero, mejorar los porcentajes de conocimiento ciudadano de las herramientas y mecanismos a su disposición en materia de transparencia. Dígase Ley de Transparencia, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Portal de Transparencia o sus homólogos autonómicos y locales, pero también cualquier otra herramienta existente a tal fin. El segundo, mejorar la valoración ciudadana sobre su utilidad. Un ejercicio de transparencia que no se traduce en una utilidad real y práctica para la ciudadanía, para que pueda llevarse a cabo una adecuada rendición de cuentas, una mejora de la participación en la gestión pública y la consecución del gobierno abierto es un ejercicio vacuo y estéril.
La conclusión que podemos extraer es que algo no estamos haciendo bien. El sentido y valor de las políticas públicas en materia de transparencia debe valorarse en función de la percepción ciudadana. De nada sirven magníficos resultados en índices de medición, ni que en nuestras evaluaciones obtengamos datos muy positivos sobre el cumplimiento normativo si la percepción ciudadana no lo valora así. Hay que alejarse de la autocomplacencia y continuar trabajando para mejorar.
Toca, pues, pulsar la opinión ciudadana para determinar cómo mejorar este escenario, y la solución, entre otras, pasa por un mayor nivel de información, formación y difusión, más allá del mero conocimiento de normas y portales, para que la sociedad comprenda que la transparencia es un medio de carácter instrumental y aprenda a manejarlo. Ofrecer todas las facilidades y abrir canales de comunicación para recoger su feedback, mejorar en el fondo y en la forma para conseguir una percepción ciudadana positiva. El próximo informe de la AEVAL nos dirá si se alcanzado dicho objetivo.
*Secretaria de Administración Local
