Los hombres de negro del grupo de acreedores internacionales de Grecia aterrizaron hace una semana de nuevo en Atenas. Los representantes de la antes conocida como troika y ahora cuádriga han reanudado el diálogo con las autoridades helenas sobre la primera evaluación de las reformas vinculadas al tercer rescate de 86.000 millones de euros. Del éxito de esa revisión depende que se liberen 5.700 millones de forma inmediata y que se abra el debate sobre un alivio de la deuda. Aunque el ministro de Finanzas alemán ya ha advertido que no ve la necesidad de abordar esa cuestión en este momento, para evitar que el Gobierno griego se relaje en la aplicación de los recortes pactados.
Los examinadores llegaron al país poco menos de un mes después de que Eurostat certificara que Grecia cerró el año pasado en recesión, con una caída de la economía del 1,9%. Una cifra, en todo caso, inferior a la recogida en el pacto sobre el rescate. Para este año, la Comisión espera que la bajada se modere hasta un 0,7%. La economía griega ha perdido desde 2008 la cuarta parte de su valor. En estos años, el paro se ha disparado hasta el 26,5%, la tasa más alta de toda la UE. No obstante, parece que ha conseguido controlar el déficit, que fue casi del 4%, si bien obtuvo un superávit primario del 0,25%, la mitad del 0,5% previsto para este 2016.
En unas recientes declaraciones a la televisión alemana, Panagiotis Petrakis, profesor de Economía de la Universidad de Atenas, explicaba que "hay dos razones para este regreso a la recesión: la inseguridad en la economía y el establecimiento de controles de flujo de capital [el corralito] en el verano de 2015". Con todo, el principal problema de la economía griega sigue siendo su endeudamiento, que en 2015 rondó el 180% del PIB. Sin embargo, al cierre del ejercicio se apreció una cierta estabilización que ha inyectado algo de optimismo entre los acreedores internacionales. Porque también se han detectado datos positivos en las ventas de coches, el empleo y los permisos de construcción.
Aunque el Gobierno de Alexis Tsipras sigue teniendo un auténtico agujero negro en el sistema fiscal: el año pasado recaudó 611 millones de euros menos que en 2014, a pesar de haber establecido nueve impuestos nuevos. De hecho, medios griegos aseguran que el Ejecutivo pretende aumentar las cargas impositivas a los más adinerados así como a quienes perciben ingresos a través de rentas inmobiliarias.
Pero ahora la batalla con los acreedores se centra en aumentar los recortes ya aplicados en el sistema de pensiones y que le supusieron en febrero la tercera huelga general al primer ministro, fruto del descontento social desatado ya con el corralito del pasado verano. No es ese, sin embargo, el mayor problema social que afronta Atenas, abocada a hacer frente a una inédita crisis de refugiados que ya le ha costado, según el Gobierno, 1.000 millones de euros en los últimos doce meses. Aunque Berlín ya ha puesto la venda antes de la herida: admite que la situación griega "no es fácil", pero dice que intentar utilizar el argumento de la crisis de los refugiados como "excusa" para no cumplir los términos impuestos para el rescate es un error.
