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Y ahora, ¿quién paga los servicios sociales?

El Tribunal Constitucional ha anulado la reforma local. Parcialmente. Tras el amplio descontento que a lo largo de toda su tramitación generó en el ámbito local, y las complejas dificultades en su aplicación, ahora se anula parcialmente. Y parte de las disposiciones anuladas afectan a uno de los temas objeto de mayor discrepancia: la transferencia de las competencias municipales en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas.

En la práctica, el modelo nunca llegó a ser efectivo. La reforma preveía que a 31 de diciembre de 2015, es decir, antesdeayer, estas competencias pasarían del ámbito local al autonómico. Pero llegó el día D y no pasó nada. Según la interpretación del ministerio se trataba de una disposición vinculada a la reforma de la financiación local. Y como esta no está ni se la espera, pues no pasaba nada, la transferencia de las competencias de servicios sociales se quedaban en letra de BOE.

Las razones de la anulación parten de una invasión competencial del Estado en el ámbito propio de las comunidades autónomas. Al margen de disquisiciones jurídicas, resucita nuevamente la eterna pregunta, que es la que realmente subyace en el fondo de este debate: ¿quién paga los servicios sociales? Hasta ahora están los ayuntamientos. Modifico entonces el interrogante: ¿quién debe pagar los servicios sociales?

Deberían ser los que disponen de financiación para ello y, sorprendentemente, no son los ayuntamientos. Como consecuencia del desarrollo del Estado autonómico la financiación en materia de servicios sociales nutre las arcas autonómicas, que, a modo de subvención, transfieren una parte, solo una parte, a los ayuntamientos. Y, sin embargo, a pesar de carecer de fondos propios para financiar estos servicios, a lo largo de esta profunda crisis, los ayuntamientos han estado a la altura, redoblando sus inversiones en bienestar social, creando fondos antidesahucios y atendiendo a una sociedad fuertemente golpeada por la situación económica. ¿Dónde nos deja pues la anulación parcial de la Ley de reforma local?

De vuelta a la casilla de salida. Porque en realidad la reivindicación de los ayuntamientos en materia de servicios sociales nunca ha sido para dejar de prestar los servicios sociales, ni para que se le retirasen las competencias. El ámbito local, el más próximo al ciudadano, es el idóneo para residenciar el amplio catálogo de servicios que tienen cabida en el concepto de servicios sociales o bienestar social. La reivindicación era para que se le asignase una adecuada financiación a los mismos, nunca reconocida, y máxime tras la crisis en la que los ayuntamientos han multiplicado sus esfuerzos para incrementar el nivel de prestación, retirando fondos de otras partidas.

Todavía quedan pendientes de resolución más recursos de inconstitucionalidad, por lo que quizás sigan cayendo piezas y más piezas de la reforma local, que, cuando se retome no debería volver a caer en el mismo error, de caminar independiente de un nuevo sistema de financiación de las entidades locales. Sin perjuicio de que se repitan o no elecciones, el próximo mandato debe abordar, de un modo inaplazable y de una vez por todas, la reforma del sistema de financiación local, adecuada a la verdadera situación de unos ayuntamientos que prestan un gran número de servicios a la ciudadanía y que se configuran como pieza fundamental en la organización territorial.

*Secretaria de Administración Local. Categoría Superior

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