A los economistas y titulares mercantiles, encuestados en el BARÓMETRO del segundo semestre de 2015 (Faro, 09.03.2016), nos empieza a preocupar que la recuperación económica de Galicia se haga esperar, de tal forma que el paro sigue siendo la principal preocupación acrecentada coyunturalmente con la inestabilidad política. El comercio exterior va bien; pero el insuficiente consumo interno ralentiza la leve recuperación económica que se había iniciado en 2015. Con cierto retardo, el que tarda en repercutir en Galicia la recuperación económica de España, confiábamos en que 2016 fuese mejor ejercicio que 2015; pero las previsiones más optimistas nos sitúan a un nivel ligeramente convergente con el español; pero por debajo del 3% en ambos casos: entre el 2,5 al 2,8 %. La pérdida de confianza de los agentes económicos tiene que ver con la falta de una reglas de actuación a establecer por el Gobierno de España que resulte de las pasadas, o, tal vez, de las próximas elecciones. Nunca, como hasta ahora, se había echado en falta la cultura del pacto que tan buenos resultados nos había dado en plena transición política, allá por 1978. Cuanto más necesaria es la estabilidad política, menor parece la voluntad de los partidos políticos en satisfacer sus propios intereses una vez priorizados los intereses generales de una sociedad que ansía la superación del actual marasmo. El desplome de los precios internacionales de las primeras materias y, en concreto, los del petróleo dificultan la expansión de nuestro comercio con los países emergentes, más allá de las operaciones intracomunitarias con los demás países de la Unión Europea. La previsión de un menor crecimiento medio en la UE no nos permite concebir tasas de crecimiento que superen las de 2015.
La acción política tiene, pues, importantes desafíos a los que atender un gobierno mayoritario de obligada coalición. Las negativas tajantes a la negociación y ni siquiera para reunirse solo sirve al deterioro persistente de la situación cívica y social. En el corto plazo no se pueden seguir desatendiendo las necesarias mejoras en el empleo, en la productividad, en los salarios y, por ende, en el consumo. Sin ello no se puede asegurar el saneamiento de las finanzas públicas y la sustentabilidad de la Seguridad Social, necesario para el desarrollo de las políticas sociales que tanto se invocan.
En el medio plazo está sin concretar la reforma de la Constitución con la que se culmine la inacabada descentralización del Estado, tanto en la financiación como en la tributación de las Comunidades Autónomas, cada vez con mayores desigualdades territoriales. La necesaria reforma de las administraciones públicas incluye la fusión de ayuntamientos que no alcancen el umbral de población a partir del cual los servicios municipales, comarcales y metropolitanos empiezan a ser eficientes por puras economías de escala. El papel de las Diputaciones provinciales, inexistentes en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, está también por redefinir en un Estado de las Autonomías. Sobre la debida coordinación entre las diversas administraciones públicas y corporativas tampoco se ha hecho nada relevante desde el advenimiento de la Democracia. Pero no basta con planteamientos cortoplacistas También hay que diseñar una política demográfica y de inmigración; pues cada año que pasa nacen menos españoles (y españolas) que los nacimientos habidos cada año inmediatamente anterior. El hecho de que nos estemos aproximando a la igualdad de una persona activa por otra inactiva nos está llevando a que casi la mitad de la población se acabe aproximando al umbral de pobreza, de forma todavía lenta pero inexorable. De la política demográfica y de inmigración de hoy, más allá de incentivos coyunturales e inconstantes, depende la estructura demográfica de mañana. Los sectores productivos deben propiciar el empleo y los salarios suficientes que aseguren el reparto progresivo de las cargas generales de la sociedad española. Sin una economía más saneada que la actual el sistema educativo, la investigación, los servicios sanitarios, la atención a los mayores, y el sistema público de pensiones que conocemos tampoco será sustentable en el medio plazo.
Que los principales líderes políticos no perciban todo esto como inaplazable constituye una clara muestra de su escasa responsabilidad y altura de miras. Unas nuevas elecciones en junio a donde nos van a llevar es a cerrar el ejercicio 2016 "en funciones" y con todo por resolver. Ante ello el 75 % de los economistas generalistas como los de empresa creemos que la zozobra política va a empezar a frenar la incipiente recuperación de la actividad económica general.
