En el año 1957 el general Franco, un político gallego de la derecha extrema (tan extrema que hasta encabezó un alzamiento militar para acabar con la democracia) autorizó la instalación de una celulosa en la ría de Pontevedra, a dos pasos del centro la ciudad. Hubo algunas protestas, tímidas claro, porque toda oposición a la política de la dictadura se pagaba con la cárcel. Pese a ello, 17 mariscadoras fueron detenidas y la fragata Hernán Cortés se dejó ver por la ría para certificar que cualquier otra alternativa al proyecto era imposible.
Muy pronto, a medida que la factoría comenzó a funcionar, los vecinos de Pontevedra y los visitantes ocasionales empezaron a sentir los efectos perniciosos de ese molesto vecino en forma de contaminación atmosférica y pestilentes olores. La riqueza marisquera y pesquera de la ría quedó fuertemente afectada y el baño en las inmediaciones se hizo peligroso.
Recuerdo que, trabajando en el desaparecido El Pueblo Gallego, allá por los años setenta, dimos noticia de las quemaduras que sufrió un hombre que practicaba esquí acuático pese a llevar un traje neumático. Aquello era una porquería y los sufridos habitantes de la hermosa ciudad del Lérez la soportaron resignadamente con la esperanza de que, una vez concluida la concesión por 60 años que había autorizado Franco, el sentido común y el fin de la dictadura permitiesen la erradicación definitiva del tormento que castigaba la piel, los ojos y las narices de los ciudadanos.
En un primer momento de la renacida democracia parecía que iba a ser así. Todos los partidos, incluido el PP, hicieron declaraciones a favor del traslado de la celulosa a otro lugar y el más ecologista de los políticos resultó ser el actual presidente de la Xunta de Galicia, señor Nuñez Feijóo. "No cabe la posibilidad -dijo- de mantener Ence en la ría. No vamos a decir una cosa y hacer la contraria". Pues justamente fue así, dijeron una cosa y luego hicieron otra. Y el que más se significó en ese cambio de criterio fue Mariano Rajoy que, una vez elegido presidente del Gobierno español, modificó la Ley de Costas para facilitar el camino hacia la renovación de la concesión.
Una posibilidad que el mismo Rajoy, ya como presidente en funciones, se encargó de confirmar por sorpresa al permitir a Ence que anunciase la renovación de la concesión por otros 60 años, con lo que la condena de sufrimiento ambiental a la población de Pontevedra se prorroga hasta el 2073. Una decisión que pone de manifiesto dos cosas. La primera, que el señor Rajoy desconfía de renovar en el cargo de presidente del Gobierno. Y la segunda, que tiene muy asumida la doctrina sobre la prisión permanente revisable, que fue uno de los programas estrella de su mandato.
En otro orden de cosas, no dejan de llamar la atención las coincidencias entre Franco y Rajoy sobre las respectivas concesiones a la celulosa. El general era un político gallego que hizo muy poco por Galicia excepto ir allí en las vacaciones de verano. Y Rajoy corre el riesgo de pasar a la historia por algo parecido. En la prensa madrileña se ha calificado de "fascista" el acuerdo del ayuntamiento pontevedrés que lo ha declarado "persona non grata". Que sepamos, fascista era Franco.
