Los políticos recitan a Montesquieu cuando proclaman el imperio de la ley por encima de todo lo demás. Y tienen razón.
Los ciudadanos también tienen razón cuando reclaman sentido común a los políticos.
Y algunos (pocos) juristas también tenemos razón cuando reclamamos sentido común a las propias leyes. O al Parlamento que las hace, que para el caso es lo mismo.
La sentencia del Tribunal Supremo declarando nulo el Plan General, por no justificar la debida urgencia en la omisión de la del Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, ha puesto las espadas en alto en la ciudad.
Por un lado, el alcalde y el presidente de la Xunta exigen modificar el texto articulado del proyecto de ley del suelo para eludir esas declaraciones y trámites de la ley para desatascar esas actuaciones urbanísticas de interés supramunicipal y urgente necesidad en Vigo. Y tienen razón.
De otra parte Alternativa Galega de Esquerdas argumenta que la facultad de supresión discrecional por la Xunta de esos trámites de exposición pública y declaración de impacto ambiental, introducirá una inseguridad jurídica inaceptable en Galicia, una merma de los derechos de oposición de los particulares a los instrumentos de planeamiento urbanísticos e, incluso, un derecho de pernada arbitrario de la Xunta para tramitar a su antojo los planes generales, en particular, en la villas pequeñas de Galicia. Y tienen razón.
La leyes arrancan con un texto articulado con vocación de generalidad. Y ese texto articulado no debe ser modificado por motivos de urgente puntualidad. En eso estoy de acuerdo con AGE.
Pero la sentencia del Tribunal Supremo, que debe ser respetada porque también forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, tiene efectos devastadores en la ampliación del polígono de Balaídos, en la tramitación de la Ciudad de la Justicia y en la construcción de la Estación Intermodal asociada a la ferroviaria de Urzáiz. Y en la necesidad perentoria de desatascar esas intervenciones, contra las que no se dirigió la sentencia del Tribunal Supremo, coincido con el alcalde y con el presidente de la Xunta de Galicia.
Pero después del texto articulado, las leyes terminan con disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Las disposiciones finales suelen tratar de su entrada en vigor.
Las derogatorias cumplen con el deber de uniformar el ordenamiento jurídico, derogando otras leyes anteriores incompatibles con lo dispuesto en el texto articulado de la nueva ley.
Las transitorias se ocupan de regular hechos jurídicos que perduran en el tiempo, pues nacieron con el ordenamiento anterior pero proyectan sus efectos tras la entrada en vigor de la nueva ley.
Y las disposiciones adicionales regulan aquellas circunstancias específicas que merecen un trato diferenciado a lo dispuesto en el texto articulado: son como excepciones. Sin ir más lejos, los padres constituyentes que redactaron la Constitución Española, consideraron de interés excepcionar los derechos históricos del territorio foral, y utilizaron una Disposición Adicional que dice así: "Primera: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía."
Alguno de ustedes me dirá que Vigo no es el País Vasco. Vale, pues a esos les contesto con que la Ley do Solo de Galicia, tampoco es la Constitución Española. Así pues, estamos en paz.
La Ley do Solo de Galicia merece un texto articulado respetuoso con el urbanismo, el medio ambiente y la seguridad jurídica. Y Vigo merece urgentemente tres disposiciones adicionales que exceptúen las trabas sobrevenidas a la ampliación de Balaídos, la Ciudad de la Justicia y la Estación Intermodal.
Se llama sentido común a la par que respeto al espíritu de las leyes. Pónganse a ello ya, por favor.
*Economista. Auditor. Abogado
Tributarista.
