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Ceferino de Blas.

De actores y activistas

Cuando Alfonso Guerra pronunció la frase sobre el futuro político de España, de que no iba a conocerla ni la madre que la parió, no imaginaba cuánto. Hasta el punto de que él, consumado actor de alta comedia, parece tan sorprendido que habría preferido que su premonición tuviera un efecto menos exacto.

A comienzos de la transición había entre los ministros y altos cargos del Gobierno tantos abogados del Estado, que suscitaba las quejas de un colega ingeniero, que prefería que hubiera más científicos que jurídicos.

En estos tiempos tienen más posibilidades de alcanzar cargos públicos dos profesiones hasta ahora inéditas: actores y activistas.

Si se repasan las listas de alcaldes y concejales de la última hornada puede comprobarse que hay actores, profesionales y amateurs, pero sobre todo activistas, o ambos porque los activistas son actores y viceversa.

Hasta ahora los activistas -como define el diccionario: "miembro activo de una organización o partido que defiende y emplea la violencia con fines sociales, políticos o económicos"-, se dedicaban a agitar y a ponerse delante de los agentes del orden. Ahora ocupan cargos y hacen cuadrarse a la policia, porque mandan en las autonomías y ayuntamientos. Son los efectos del cambio.

En lo que no se han producido variaciones es en el manejo de los medios de comunicación para agitar, porque tanto actores como activistas son maestros en el arte de emplearlos.

Desde el siglo XIX los políticos utilizaron los medios, y los líderes eran propietarios y directores de periódicos. En Vigo, en 1856, los hermanos Chao, de ideas progresistas, fundaron el segundo periódico de la ciudad, "La Oliva", para oponerse al FARO que protegía a José Elduayen el político conservador del que se decía que lo que no había hecho Dios en Vigo lo había hecho él. Por eso tiene dedicada la más suntuosa de las estatuas que hay en la ciudad.

Más tarde, otro de los periódicos vigueses de referencia, "La Concordia", apoyó sin desmayo a Ángel Urzaiz, que consiguió el escaño de la circunscripción frente a Elduayen.

En 1912 nació "Heraldo de Vigo", diario liberal, para apoyar las políticas de Montero Ríos.

El último caso vigués de político con periódico fue Portela Valladares, dueño de "El Pueblo Gallego" desde 1928, con cuyo apoyo llegó a la cima, al alcanzar la jefatura del Gobierno que precedió al frente popular del 36.

Aunque las grescas en los periódicos decimonónicos, y de los años veinte y treinta, hayan sido sonadas, en nada se parecen a las maneras y comportamientos de los nuevos políticos que tienen como principal plataforma las televisiones. Son el escaparate que condiciona la sociología de muchos perfiles biográficos.

La política siempre ha tenido un mucho de representación, pero esta faceta se ha acrecentado hasta lo circense con los actuales canales para trasladar al gran público los programas, las ideas, las propuestas, muchas veces reducidos a un eslogan de Twitter.

El mensaje ya no pone su fuerza en el qué, es decir en el contenido y densidad de un cuerpo de ideas, sino en el cómo se presentan. El político con mejor puesta en escena obtendrá más aplausos que el que lo hace sin golpes de efecto, aunque su programa sea intrínsecamente mejor.

Han cambiado los perfiles públicos y los modos de comportamiento, pero no la utilización de los medios de comunicación.

Ahora las inmensas mayorías se nutren de los audiovisuales frente a las minorías exigentes que siguen atentas a los medios escritos. Estos, aunque tengan más poso argumental son rebasados por el espectáculo de las televisiones y el espíritu acrítico de las masas.

Con lo que se demuestra que a los políticos jóvenes ya no solo les bastan las clases de oratoria, tendrán que complementarlas con lecciones de representación en escuelas de teatro, y el inevitable paso por alguna ONG para completar el curso de activista. Son los másteres de los nuevos cachorros de la política. Y si se ejercitan en los debates de las asambleas universitarias, si es que perviven, la formación será completa. Ya no hace falta ser abogado del estado ni hacer oposiciones para ser ministro, alcalde o concejal.

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