Dieciséis años después de alumbrar su embrión en la llamada "Declaración de Soutomaior"; una década después de que muchas voces, por fortuna hoy abrumadoras, vengan defendiendo con firmeza y lúcida perseverancia -en no pocas ocasiones desde este mismo espacio editorial- la necesidad de agrupar y coordinar servicios y competencias de Vigo y sus municipios vecinos en aras de una organización territorial moderna y eficiente; cuatro años después de que la Xunta hubiese aprobado, eso sí solo con los votos del Partido Popular, la Ley del Área Metropolitana de Vigo; siete meses después de asistir a múltiples reuniones entre alcaldes y Xunta, y la del propio Abel Caballero con el presidente Alberto Núñez Feijóo... Justo ahora la puesta en marcha del ente supramunicipal por fin llega a su momento decisivo.
En todo este tiempo han sido tantos los avances y los retrocesos, las ilusiones y las decepciones, la esperanza y la frustración, que se comprende que cierto escepticismo -por otra parte un rasgo inherente al espíritu gallego- se haya apoderado de los vecinos beneficiarios de este artilugio territorial, que ha sido víctima de una singular yenka política. Sin embargo, parece que el momento ha llegado.
La cumbre del pasado martes en Vigo entre el vicepresidente gallego Alfonso Rueda y los 14 alcaldes del Área, con Caballero al frente, ha insuflado un renovado optimismo en quienes consideran que la puesta en marcha del ente metropolitano es vital, una oportunidad que ni Vigo ni Galicia se pueden permitir desaprovechar. Tras más de tres horas de diálogo, negociación y cesiones, el encuentro se saldó con un amplio consenso sobre cuatro de los cinco pilares sobre los que se debería sostener el Área, a saber: el modelo de gobernanza, los mecanismos de financiación, las competencias y la implicación de la Diputación de Pontevedra con la cesión de fondos y funciones. Difícilmente se podrían haber obtenido mejores frutos de una reunión que partía entre la desconfianza y los recelos de unos y otros.
Los alcaldes, de los 14 municipios, con independencia de su filiación política y credo ideológico, salieron optimistas y convencidos de que el proyecto entraba en su fase decisiva. Caballero proclamó que "el objetivo está al alcance de la mano", mientras que Rueda sentenció que "algunos avances son casi definitivos". Las manifestaciones de unos y otros, todos en la línea del acuerdo probable e inminente, nos aproximan por primera vez a la cuadratura del círculo. Así lo ha proclamado el presidente Feijóo, quien ha comprometido su palabra garantizando que la ley estará reformada antes del verano y el Área en marcha antes del final de la legislatura.
Y es que casi todas las piezas empiezan a encajar. Sólo falta ajustar el transporte metropolitano, un nudo gordiano que también puede resolverse si impera el espíritu de compromiso en el acuerdo. En próximas reuniones técnicas se buscará una solución. Por eso se hace imprescindible fijar fechas y plazos concretos y no perder más el tiempo. La volatilidad política del momento y el sentido común así lo imponen, entre otras razones porque a estas alturas el coste político a pagar por el responsable del fracaso del proyecto sería descomunal.
Lo cierto es que, más allá de posibles cálculos electoralistas o beneficios partidarios que pudiesen estar manejando algunos gobernantes, la constitución del Área Metropolitana ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación que imponen los nuevos tiempos. No es un arma con el que amenazar -mucho menos golpear- a los rivales, sino un instrumento determinante para lograr una administración más eficaz, solidaria y útil para los ciudadanos; para forjar un territorio mejor articulado, más racional, permeable, interconectado y competitivo; con mayor musculatura y capaz de afrontar con éxito los retos insoslayables que se avecinan; para construir un espacio más habitable, sostenible... Y todo con el empleo de los mismos, o incluso menos, recursos.
Vistas las indudables ventajas, la pregunta es de cajón: ¿cómo es posible que todavía no esté operativa? Para responder a ello habría que recurrir a factores -o sinrazones- políticos, sociales, económicos, identitarios y sobre todo personalistas. El minifundismo que lastra a nuestro país es también de naturaleza política. Así lo revela nuestra historia. Colaborar, coordinarse, aliarse, unirse... han sido tradicionalmente verbos de indigesta conjugación.
Pero los nuevos tiempos imponen nuevas formas de hacer política, de administrar, de gestionar, de vivir. Y de sobrevivir. Con recursos públicos limitados y con gastos y servicios cada vez más gravosos, sólo cabe la optimización de los fondos. Desde la organización coordinada y la corresponsabilidad. Desde la visión solidaria y las decisiones colectivas. Desde el sentido común. Desde el equilibrio y la pluralidad. Desde la generosidad y el respeto. Pero también desde el liderazgo. Éste es el único camino posible.
Por eso, más de medio millón de ciudadanos -vecinos de 14 municipios, a los que podrían sumarse en un futuro los de otros siete- sólo conciben que en esta ocasión el trasatlántico metropolitano llegue a puerto con éxito, tal y como sus gobernantes les acaban de prometer. No quieren más excusas o críticas. Están hartos de matracas recriminatorias. Solo desean que la foto de familia de los 14 alcaldes del nuevo Área con el vicepresidente Rueda sea una imagen histórica de un anhelo que por fin se hace realidad. No hay ninguna razón para que no lo sea, así que cuanto antes, mejor.
