Con los buenos deseos del cambio de milenio, dos empeños colectivos se pusieron en marcha. Uno arrancó del regazo de Bruselas y el otro de Vigo. Eran una Directiva de la Unión Europea y el Plan urbanístico de una gran ciudad. Cada cual con su propia meta y ruta. No eran rivales. Nada podía presagiar su colisión atroz quince años después. Ahora, con el Plan anulado, día a día, los asuntos cotidianos rebosan dificultades. ¿Necesita el urbanismo de Vigo un rescate?
La Directiva de la UE sobre Evaluación Ambiental Estratégica entró en vigor en 2001. Entronizó la dimensión medioambiental en los planes territoriales mediante una filosofía clara: la calidad ambiental se gana desde el inicio, al igual que la corteza de los árboles, desde el cerne. De origen a fin, en un proceso de evaluación continua en la toma de decisiones. A los estados miembros se les obligó una fecha tope, 2004, para integrar esta Directiva en sus leyes
Pero el Gobierno de Madrid se mostró remiso (medioambiente: asignatura maría) y pasó de sus obligaciones. En 2004 Bruselas advierte de sanción y, en marzo de 2006, demanda a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Cuando, a rebufo, llega la transposición con la Ley 9/2006 de 28 de abril, ¿qué ocurre? Pues, que las urgencias se transparentan en un texto apurado, de poca fortuna, que de hecho será derogado y sustituido no muchos años después.
Al final, tras perder tiempo, ¿qué dice esa Ley a las ciudades (Vigo hacía entonces las copias de planos para aprobación) con nuevos Planes Generales casi terminados? Pues, con el régimen transitorio, invierte las turbinas: la parsimonia de la Administración central se troca en presión sobre Autonomías y Ayuntamientos. Presupone que la EAE pudiera funcionar marcha atrás, contra lo más evidente, es decir: no es viable exigir condiciones de inicio, ni de proceso, a lo hace años iniciado.
Este es el caso. Una desconcertante Disposición transitoria primera.2, traslada a otros el motivar y decidir "que ello es inviable", cuando ya la Ley bien lo sabe. Es más, lo avisaba allí, desde la exposición de motivos: "? antes de la adopción y durante la preparación de los planes y programas en un proceso continuo, desde la fase preliminar del borrador?". Y entonces, ¿qué ademán hipnótico haría del documento acabado del Plan, a la vez, borrador? La ley dejó así, preparados los descarrilamientos.
Y Vigo descarriló (ni que decir tiene que también por las torpezas en los trámites de aprobación del Plan). No obstante, ello no quiere decir que el Plan General fuera ajeno a la inquietud disciplinar por el medioambiente; ni que también lo sea la norma gallega de aplicación, la Ley 9/2002, con su cambio de óptica en la relación, medio rural/medio urbano; ni que se hayan cuestionado los contenidos; tampoco se duda que el Plan gozara de amplia participación y consenso (no es mala cosa que políticamente un Plan sea de casi todos y de casi nadie).
De esta reflexión resulta algo esclarecedor: una mala ley (que hubo que cambiar), fue determinante para llevar a la ciudad de Vigo a una parálisis insoportable. Que ahora, otra ley, de modo excepcional, acuda a reparar graves daños sustantivos de ese bloqueo, parece una alternativa plena de legitimidad. En realidad, una ley acude en rescate de los efectos de otra ley. Ahora, en Vigo, dando oxigeno a la Factoría Citroën, a las instalaciones de la Administración de Justicia y a la Estación de tren y autobuses. Ojala no se precise con otros planes generales, en más ciudades.
Las citadas grandes actuaciones son clave para un proyecto común de prosperidad del Área Metropolitana. Pero, con todo, ellas no son el corazón del problema. Un número enorme de ciudadanos está inocentemente dañado, están involucradas miles de pequeñas empresas por riesgos sobrevenidos y la privación pesa en inversión y empleo. La propensión a confiar la resolución de los conflictos urbanísticos a través de los cauces normales establecidos, es una sana premisa. Sana, pero restrictiva en la emergencia. En medio del daño, la razón aconseja movilizar otra lógica.
Con la ciudad en el dique seco, la solución está dentro del Plan General anulado. Quince años de trabajo y compromiso social, no pueden desecharse, igual que una mala yerba arrancada. Así las cosas, el nuevo horizonte de valor se llama: reponer con legalidad el Plan, a la mayor brevedad. Y ello, sin duda, es algo muy excepcional. En este sentido, estamos ante un auténtico rescate, y sólo así puede ser entendido a la hora de afrontar las decisiones. El propio reciente acuerdo municipal de iniciar el trámite de un nuevo Plan General emanó de la emergencia.
Que ahora la reforma de la nueva Ley del Suelo de Galicia acuda al quite del Plan General de Vigo, es coherente. Y además, tiene un valor añadido: globaliza y da mayor apertura institucional al conjunto de las actuaciones, locales, autonómicas y estatales. Remacha la legitimidad de un rescate en toda regla.
*Arquitecto
