En la ciudad donde resido, tuvo lugar hace doce días una asamblea de alcaldes de las llamadas "ciudades rebeldes", es decir, de aquellas que han empezado a ser gobernadas por coaliciones políticas de amplia base popular y al margen de la estructura de los viejos partidos. Asistieron representantes de los municipios de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Cádiz; y también de las urbes gallegas de Ferrol, A Coruña y Santiago de Compostela.
En el curso de la asamblea se dijeron cosas muy interesantes, pero yo destacaría dos especialmente. Una fue el recordatorio histórico de que fue el voto de las ciudades el que trajo la Segunda República frente voto rural y de los pequeños núcleos urbanos que votaron mayoritariamente por la monarquía (un panorama político, por cierto, muy parecido al actual si hemos de creer a las encuestas).
Y otra, una frase del alcalde ferrolano que resume perfectamente la situación de dependencia en que se encuentran la mayoría de las ciudades españolas al haber entregado la concesión de servicios públicos fundamentales a un grupo de grandes empresas privadas. "El verdadero alcalde de Ferrol es Florentino Pérez", dijo Jorge Suárez para ilustrar a la audiencia sobre el escaso margen de maniobra que tienen los ferrolanos para decidir sobre los asuntos que les afectan directamente. Pero no solo los ferrolanos padecen esa limitación.
En realidad, don Florentino Pérez, junto con las hermanas Koplowitz y la familia Del Pino, es el accionista principal de las empresas que controlan los servicios municipales de aguas, alumbrado, recogida y tratamiento de basuras, limpieza, transportes, zona azul, jardinería, asistencia domiciliaria, etc., etc.
Una situación que en Galicia tiene características de monopolio. Hasta el punto de que Defensa de la Competencia hubo de imponer a los tres grupos empresariales arriba mencionados una multa de 90 millones de euros por desarrollar una "práctica concertada global de reparto del mercado".
Según nos cuentan atentos observadores de este fenómeno de acaparamiento, la tendencia monopolística se acentuó a partir de la crisis financiera cuando las empresas dedicadas a la construcción de grandes obras públicas vieron reducirse aceleradamente su presencia en esa clase de actividades y hubieron de sustituirlas por los servicios municipales. Claro que, para ello, hubieron de contar también con la colaboración de alcaldes venales, que so pretexto de un mejor precio de las empresas contratistas accedieron a entregar la concesión de esos servicios municipales a entidades privadas.
Una suposición, la del mejor precio, que ha sido desmentida por la realidad. Como se pudo comprobar en un plan de ajuste del Ayuntamiento de León (regido por el PP) que calculaba un 50% de ahorro en unos servicios públicos rescatados y por informes del Tribunal de Cuentas que llegaron a detectar hasta un 70% en casos parecidos. En estos años pasados, con la secuela inevitable de una corrupción extensísima, los servicios públicos han sido crecientemente parasitados por intereses privados y, lo que es peor, dejan escaso margen de maniobra a los ayuntamientos enfrentados en la mayoría de los casos a unos rescates abusivos de unas competencias que nunca debieron ceder. Tiene razón el alcalde ferrolano al señalar a don Florentino Pérez como el verdadero alcalde de su ciudad y de otras muchas españolas, pese a no haberse presentado nunca a unas elecciones (salvo a las del Real Madrid).
