Con unos ingresos menores debido a la drástica merma de cotizantes y unos costes mayores por el galopante envejecimiento poblacional es imposible que cuadren las cuentas del sistema público de pensiones. Así de claro. Si a ello se añade un escenario todavía incierto de recuperación económica con una alta tasa de paro, el aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad, las previsiones sobre el futuro de las pensiones tal y como hoy las conocemos no son muy halagüeñas que digamos. Los nubarrones son especialmente negros en Galicia, a la cabeza del envejecimiento poblacional y el declive demográfico del Estado. Pero lo peor de todo es que, desgraciadamente, no estamos ante algo novedoso. Lo más preocupante es que los expertos llevan más de tres décadas avisando de la gravedad del problema. Y como quien oye llover.

A comienzos del siglo XX, la expectativa de vida media era de poco más de 50 años. Hoy es de 80 para los hombres y 85,6 para las mujeres en España. Hay hasta quien ha anunciado ya el nacimiento del primer hombre que vivirá 120 años. Según las proyecciones del INE, los mayores de 65 años en España pasarán de los 8,2 millones actuales a los 15,3 millones en 2049. Si hoy hay 3,8 personas en edad de trabajar por cada una en edad de jubilación, es decir, por cada pensionista, la ratio se habrá reducido en ese periodo a 1,6, o sea, a menos de la mitad. En una palabra, muchos menos ocupados deberán pagar mayores cotizaciones para muchos más pensionistas. Insostenible.

Lo dicen quienes más y mejor han estudiado la viabilidad del sistema público de pensiones, cuyos minuciosos análisis FARO recoge en el suplemento dominical "Estela" de la edición de hoy. Pese a estar en juego uno de los pilares del Estado de bienestar que nos sitúa a la cabeza de los países desarrollados y a pesar de tratarse de un problema ampliamente diagnosticado y descrito, en vías de adquirir tintes dramáticos, ni los poderes públicos ni la sociedad en su conjunto parecen tomar conciencia de la necesidad de actuar con determinación.

Hoy, en Galicia, las personas mayores de 65 años representan el 23,6% de la población, cinco puntos por encima de la media nacional. Su reemplazo generacional ni está ni se le espera. Ni nacen niños ni vienen inmigrantes -llegan pocos y aumenta la diáspora gallega, mucha con elevada formación-; ni hay más trabajadores ni trabajan más horas. La comunidad pierde población, y por lo tanto riqueza, por todas las vías posibles. El proceso, de no corregirlo, nos aboca a una sociedad cada vez menos innovadora y dinámica, con menor capacidad para contener la caída de la natalidad, tirar del consumo e impulsar el crecimiento. Si se mantienen las tendencias actuales, Galicia será dentro de una década la autonomía en peor situación de España, con más mayores de 65 años y sin relevo para ellos.

Además, muchos de los jubilados actuales tuvieron que aportar cotizaciones elevadas durante su vida laboral. Pero el futuro será bien distinto. El tsunami de la recesión junto con el envejecimiento poblacional ha puesto el sistema patas arriba también en este aspecto. Las aportaciones menguarán en su cantidad y cuantía por pura evolución demográfica, por la realidad salarial actual, a la baja, y porque ya no hay tantas provenientes de la industria, las más sustanciosas. Ahora prodigan los contratos temporales -menos horas, menos salario, menos cotización- y la inmensa mayoría de los jóvenes desespera hasta la mediana edad para encontrar un empleo, es decir, comienza a cotizar mucho más tarde.

Con este panorama se torna especialmente complicado, por no decir imposible, mantener en la misma cuantía los pagos a los pensionistas del mañana. Los jubilados en 2040 y 2050 serán más pobres que los de 2015. Un informe presentado el pasado miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Berlín aconseja drásticas reformas que nos preparen para el final del sistema de pensiones tal y como lo conocemos, ya que será insostenible a corto plazo. El problema es general en la UE, pero nuestro país será el que mayor desplome de las pensiones sufra.

España dedicó a las pensiones públicas de jubilación un 10,5% de su PIB en 2014, muy por encima del 7,9% de media de los demás países de la OCDE. El sistema público español paga a los jubilados un 82,1% del salario que percibían mientras trabajaban, cuando la media de la OCDE es del 52,7%. Nos guste o no, todos los expertos coinciden en que hacia esa cifra caerán en pocos años los pagos en España, donde el 82,1% de la aportación depende exclusivamente del Presupuesto estatal y de que haya trabajadores que sigan cotizando. Frente a este modelo anclado en las cotizaciones, otros países han ido poniendo en marcha programas que combinan el modelo de ahorro con el de capitalización para hacerlo sostenible y suficiente. Otra cosa es de dónde extraer ahorro con sueldos mileuristas o inferiores a esa cantidad, que tanto se estilan.

Si a todo ello le sumamos que en los últimos cuatro años el Gobierno español se ha gastado ya la mitad del fondo de reserva de las pensiones, en gran parte para hacer frente a otros pagos, es como para estar seriamente preocupados. En la hucha ya solo quedan 34.221 millones de los 66.815 del comienzo de legislatura. Tanto se ha usado que de seguir a este ritmo quedan tres o cuatro años para gastarla del todo. Muy poca hucha para un país con la segunda mayor esperanza de vida del mundo, por detrás solo de Japón.

Que la bomba acabe por estallar es solo cuestión de tiempo si nadie se apresta a desactivarla. La demográfica es nuestra mayor reconversión pendiente. Y puesto que nadie niega la evidencia, lo primero es no eludir el debate ni seguir acomodándolo a escenarios políticos cortoplacistas o calendarios electorales. Toca coger el toro por los cuernos, hablar claro y adoptar medidas. De nada vale seguir como hasta ahora, salvo para caer por el precipicio.