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Un traslado que impulsó la calle del Progreso

En la última década del siglo XIX, 40.000 pesetas era una cantidad sin duda astronómica. El Ayuntamiento de Pontevedra pagó esa cuantía mareante al constructor Manuel Vidal Boullosa, en representación de las hermanas Carmen y Engracia Refojos Echevarría, por un terreno de 32 ferrados que lindaba con la huerta del convento de Santa Clara y la carretera de Ourense. La denominada finca "Los Refojos" o también "Rouco" acogió desde principios del siglo XX el nuevo Campo de la Feria.

La construcción del Palacio Provincial y la ordenación de la Alameda y su entorno con arreglo a un visionario proyecto del gran arquitecto Alejandro R. Sesmero, había forzado un cambio de emplazamiento de la feria de ganado, hasta entonces ubicada entre la plaza de San José y Las Palmeras. Ese asunto armó la marimorena.

La elección del lugar para reubicar la feria provocó una pugna sin cuartel entre los munícipes con intereses propios. El lío motivó la intervención del gobernador civil.

No solo estaba en juego la compraventa de la finca en cuestión. Bien sabían los concejales más avispados que la elección del lugar tendría una influencia enorme en el desplazamiento de la ciudad, tal y como ocurrió finalmente.

La nueva ubicación del Campo de la Feria trajo consigo el florecimiento de la calle del Progreso, que luego derivó en Benito Corbal por la impronta del constructor del mismo nombre sobre su edificación. Eso cambió por completo la centralidad de Pontevedra

La celebración de las ferias cuatro veces al mes, con un gran movimiento comercial de todos los alrededores, trajo consigo la instalación de las cocheras a lo largo de la calle con sus carruajes de caballos que conectaban la capital con los pueblos más cercanos. Al mismo tiempo la calle del Progreso se llenó de tabernas, hospedajes y casas de comidas. Y hasta acogió también el cuartel de la Guardia Civil (frente a Zara) y la Audiencia Provincial un poco más arriba.

El lugar elegido para instalar el Campo de la Feria adquirió luego una importancia capital dentro del tejido urbano pontevedrés. Su interés fue tal que ochenta años después aún suscitó un pleito endiablado por la propiedad de la plaza de Barcelos.

La tesis de los herederos de Manuel Vidal Boullosa se basó en que solo hubo en su día una cesión de uso del terreno al Ayuntamiento para aquel fin, pero no una plena transmisión.

Entre letrados transcurrió la batalla legal sobre la terminología recogida en la histórica escritura de compraventa de 10 de febrero de 1898. Primero el Juzgado de Instrucción número 3 y después la Audiencia Provincial, ambas instancias reconocieron sucesivamente con idéntica argumentación la propiedad municipal de aquella finca de 18.000 metros cuadrados, aproximadamente.

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