La presencia durante todo el día de ayer de agentes de Aduanas en el consistorio para investigar los contratos y facturas del Concello con dos empresas vuelve a sacar a la luz las sospechas sobre supuestas irregularidades o amaños en las adjudicaciones por parte del gobierno de Lores.
A expensas de lo que finalmente ocurra, que ya se sabe que la Justicia es lenta, el Concello capitalino sale mal parado por la imagen que da ante una sociedad asqueada de la corrupción en la vida política.
Algo se debe estar haciendo mal en el Concello cuando los agentes del SVA ya han irrumpido por segunda vez en los últimos tiempos en sus dependencias, por las operaciones Patos y Pokemon, para poner los archivos patas arriba en busca de adjudicaciones ilícitas en las dos mayores concesiones, irregularidades en forma de enchufes, viajes...
La decisión de la juez autorizando a Aduanas a investigar la actividad económica y fiscal del alcalde y varios de sus concejales agrava aún más la situación y la imagen de este gobierno.
¿Qué autoridad le queda a Lores y a sus ediles? A este paso, bien poca.
