Estos días hemos visto cómo concluye la décima legislatura. Toca a su fin agotando los plazos de duración, poniendo fin a un período de cuatro años que se iniciaba tras las elecciones generales de 2011 y que se renovará definitivamente tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Muchas son las conclusiones que se podrían extraer de este mandato, pero, desde el punto de vista legal, si por algo se ha caracterizado la legislatura 2011-2015 es por la "motorización legislativa", en palabras de Carl Schmitt.
A lo largo de estos cuatro años han sido numerosos los proyectos de ley que han visto la luz, que acompañados del uso excesivo de reales-decretos leyes cuya urgencia en muchos casos era dudosa, han abordado todos los aspectos de la sociedad, administración, empresa y economía, no quedando piedra normativa por mover y con una técnica legislativa muy mejorable.
En el ámbito de la administración pública, y al margen de los numerosos impactos legislativos en la sociedad, podemos destacar tres ejes sobre los cuales ha actuado el legislador: la estabilidad presupuestaria, la racionalización organizativa y la regeneración democrática.
Respecto a los dos primeros aspectos, puede destacarse la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, marcada por la Ley Orgánica 2/2012, tras la reforma constitucional que caracterizó al fin de la pasada legislatura, para intentar acabar con el problema del déficit público. En cuanto al segundo, podemos señalar la Ley de Racionalización del Sector Público, destinada a optimizar la organización del sector público, línea de trabajo que se ve reforzada con las medidas y actuaciones desarrolladas a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la conocida como CORA.
Como tercer pilar, el mandato se ha impregnado de la necesidad de recuperar la confianza ciudadana a través de las famosas medidas de "regeneración democrática". Para ello y como medida estrella se aprobaba en diciembre de 2013 la Ley de Transparencia, cuya plena vigencia prácticamente coincidirá con la celebración de las elecciones generales. A ésta se suman un conjunto de otras medidas legislativas de regeneración, entre las más recientes la modificación del Código Penal o la relativa a la financiación de los partidos políticos.
Las Entidades Locales no han permanecido ajenas a esta motorización. Destinatarias del conjunto de normativas citadas, el Ministerio de Administraciones Públicas las convirtió en el eje de la racionalización y la estabilidad económico-financiera del sector público, a pesar de que los datos en esta materia demostraban que eran la administración pública que presentaba un mejor comportamiento en relación a los demás niveles de organización territorial.
A pesar de ello, se ha aprobado una norma mediante la que se pretende alterar el régimen competencial establecido para generar supuestos ahorros y evitar presuntas ineficiencias. Una de las consecuencias de la reforma local sería la alteración del régimen de prestación de servicios tan sensibles a la ciudadanía como son los servicios sociales, pasando al ámbito autonómico. El 31 de diciembre de 2015 representa el dead line de esa transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma, pero tal y como ya tuve ocasión de escribir, parece que todo seguirá igual.
Por otra parte, agotando ya la legislatura se ha introducido, con carácter definitivo y plenamente imperativo, el procedimiento administrativo electrónico y las obligadas relaciones con la administración y entre las administraciones en clave electrónica. En el caso de las EELL será papel mojado si no se las dota de los medios personales y materiales para abordar este reto y no se diseña una estrategia a la que, forzosamente, deberán incorporarse las Diputaciones Provinciales si quieren mantener su legitimidad.
De esta motorización legislativa tendrá que ocuparse el gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre, definiendo, entre otros aspectos, su opción por el modelo de administración local, al tiempo que habrá de gestionar muchos otros proyectos normativos. Entre ellos el de la Ley de Contratos del Sector Público, una gran oportunidad para incorporar las necesarias medidas que colaboren a prevenir la corrupción, estableciendo mecanismos que obstaculicen determinadas conductas. En definitiva, como siempre sucede cuando finaliza una etapa, esperemos que la próxima sea mejor.
*Secretaria de Administración Local. Categoría Superior
