Así pues, concluido entre el fiscal y la juez el primer capítulo de la operación Patos -que será un largo culebrón-, lo procedente parece esperar antes de aventurar el final. Aunque una cosa es segura: todo el serial dará mucho juego, habrá bastante morbo y probablemente más que palabras cuando tarde o temprano acabe la calma relativa que aporta el hecho de que la instrucción afecte a gentes destacadas de los grandes partidos.
Y es que tal y como se hace la política aquí, resulta inimaginable que en vísperas electorales, y jugándose todos lo que se juegan -especialmente tras el resultado del domingo en Cataluña-, los estados mayores dejen pasar la ocasión de desgastar al adversario en asunto y lugares como los que se citan. Incluso a pesar de que, aunque disguste la reflexión, no haya riesgo de incendiar el escenario estatal: Galicia no es en ese sentido Madrid o Andalucía.
Eso sí: teniendo en cuenta que más o menos dentro de un año la cita con las urnas será aquí, la serie de operaciones judiciales, desde Pokemon a Patos, pueden afectar de lleno a la fisonomía electoral de este antiguo Reino. Pero, quizá, más en favor de los nuevos grupos, menos contaminados por la corrupción; aunque ya se les va notando su adaptación a los modos de la antes denostada "casta". Quien lo dude, que vea lo de Lugo o lo de Ferrol.
En todo caso, la influencia de esta operación y las otras en curso dependerá -claro- de la agilidad judicial y de sus resultados. Pero también del desgaste que los relatos produzcan en sus protagonistas, que son o fueron pesos pesados de los partidos más importantes. Y además, por supuesto, de la paciencia ante los sucesivos escándalos de una opinión pública que no parece dar ya para mucho.
Existe otro factor que podría incidir en los próximos capítulos del serial: las reacciones de los imputados y de sus partidos. Porque las respuestas que den a los acontecimientos aportarán pistas de hasta qué punto cumplen el principio de igualdad de todos no solo ante la ley general sino ante los reglamentos internos. Y PP, PSOE y BNG han dejado claro que no es frecuente medir del mismo modo a los suyos a la hora de exigir responsabilidades.
Hay mucho, pues, que esperar todavía, aparte de otro aspecto que por ahora no se ha aclarado lo bastante: que, a efectos de la atención pública, resulta extraño que se pueda situar al mismo nivel a quienes son acusados de recibir -presuntamente- regalos de medio pelo que a los que amañaron contratos y/o recibieron dinero por ello. Y eso ha de explicarse muy bien porque a la gente, que en general no se chupa el dedo, le huele a chamusquina.
¿No?
