Todavía no han pasado los cien días de una cortesía cada vez menos respetada y la Diputación de Pontevedra se encuentra ya patas arriba. Bien cierto resulta en este caso que ha sido la nueva presidenta y no la leal oposición quien sin agotar ese período de gracia ha abierto inesperadamente la caja de los truenos nada menos que con una denuncia ante la Fiscalía de Pontevedra que amenaza con traer cola.
De momento se ignora si tal actuación se corresponde o no con la primera alfombra levantada y sacudida con fuerza por Carmela Silva como punta de lanza de un zafarrancho de limpieza en toda regla. Desde luego el Palacio Provincial y sus instituciones anejas cubren un ámbito de actuación muy grande y hay mucha tarea por delante para dejar brillante como una patena, con perdón, hasta su último rincón.
Probablemente no es poco el polvo acumulado en sus incontables recovecos durante tantos y tantos años de aquel poder ruralista que inició José Cuiña y su célebre sindicato de alcaldes, que luego perpetuaron Mera, Abeledo y Louzán.
Al fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro, puede darle un soponcio solo de imaginar la tarea que amenaza con caerle encima. La Fiscalía General ya advertía en su última Memoria anual del ingente trabajo que apabulla a todos sus miembros con tanta denuncia a diestro y siniestro, a menudo inconsistente y malintencionada.
Paradójico y premonitorio a un tiempo resulta que precisamente sea Carmela Silva, la primera mujer al frente de la Diputación de Pontevedra en casi dos siglos de historia, quien asuma una tarea tan incómoda, que incluso puede ocasionarle más de un disgusto.
El meollo de la cuestión está en vislumbrar si Carmela Silva va a desempeñar una presidencia efímera en su percepción histórica, de mucho ruido y pocas nueces, o si por el contrario ha venido para cambiar la institución de arriba abajo, de modo que a la vuelta de cuatro años no la conozca ni la madre que la parió, con la ayuda inestimable del vicepresidente Cesáreo Mosquera.
