La feria en la que ha convertido a la Administración Local su Ley de Racionalización y Sostenibilidad empezó por el sueldo de los alcaldes: durante su tramitación se habló de establecer como límite 100.000 euros, pero por algún extraño complejo acabaron poniendo las retribuciones de un secretario de Estado, constatando después a través de los Presupuestos Generales del Estado que estos cobran casi un 25% menos. Entonces apareció la tómbola con su primer premio: el "perrito piloto", modificando la Ley y donde dije secretario de Estado digo 100.000 euros.

Después aparecieron los malabaristas autonómicos dictando normas para tratar de evitar que la ley se aplicase en sus territorios, algunas con auténtico funambulismo sin red dictando simples circulares desconociendo el estado de derecho en el que vivimos, y ello a pesar de que cuando tuvieron la oportunidad de manifestar su oposición en la sesión celebrada al efecto en el Senado la mayoría hablaron de "lealtad institucional", de la que se olvidaron nada más volver a sus sitios.

También actuaron los prestidigitadores para sortear las obligaciones como, por ejemplo, la asunción de las competencias relativas a la salud de las que el año pasado deberían haberse hecho cargo del 20% de los costes asumidos por los ayuntamientos y este año tendrían que ir ya por el 40%, o de aquellas que dejen de prestar los municipios que no quieran seguir haciéndolo al no tener ya obligación, o no puedan prestarlas por su situación económica, o de la falta de financiación de las competencias delegadas, etc. Y lo mismo podemos decir de las diputaciones. Pero: abracadabra, nada por aquí, nada por allá.

Ahora la tómbola acaba de dar otro premio: la muñeca "chochona" en forma de la obligación de que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes cuenten con un Tesorero de habilitación nacional. Lo que demuestra una vez más el desconocimiento de lo que es nuestra Administración Local. Esta medida incide fundamentalmente en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes en los que las funciones de Secretaría e Intervención las desempeña el mismo funcionario, cuando hoy día por el volumen de operaciones, por las obligaciones legales e incluso por la cantidad de información que hay que remitir al Ministerio de Hacienda, hubiera sido más lógico que, de tener que contar con dos funcionarios de habilitación nacional, fueran estos un Secretario y un Interventor en lugar de un Tesorero. Pero es que además debemos tener en cuenta los ayuntamientos que tenemos en España, donde 470 no llegan a 50 habitantes o 3.787 no alcanzan los 500. ¿Cómo creen en el ministerio que pueden hacer frente a estos gastos?, ni siquiera en la inmensa mayoría de los 4.873 con menos de 1.000 habitantes, que son el 60% del total, por lo que quizás debería haberse empezado el circo por las jaulas y no por las fieras y acometer de una vez por todas la modificación de la planta local para tener ayuntamientos con la suficiente entidad como para poder tener estos tres tipos de funcionarios de habilitación nacional, que es lo deseable. Por cierto, se echa en falta la convocatoria de oposiciones para contar con los suficientes tesoreros para cumplir en plazo con esta nueva obligación, ¿o será otra de las que irán al tren de los horrores de los incumplimientos de esa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?

Y podría seguir, porque la feria crece y crece, además hay previstos números muy interesantes, como la asunción por las comunidades autónomas de las competencias en materia de servicios sociales, que habrán de serlo con las campanadas de Nochevieja. Pero seguro que nos tienen reservado un número espectacular.

¡Pasen y vean!

*Secretario de Administración Local