Hace años que se intenta -a veces se logra- diferenciar la tarea de los vigilantes o guardas jurados de aquellos que, por oposición, acceden a puestos de responsabilidad en la guarda y custodia de edificios, instalaciones de todo tipo, empresas, buques, etc.

Tampoco son nuevas las denuncias sindicales o de los propios profesionales afectados por la presencia a bordo de las embarcaciones de la Xunta que, en demasiadas ocasiones, deslegitiman la función inspectora de un cuerpo creado en tiempos del conselleiro López Veiga para poner un poco de orden y concierto en las aguas marinas de las que la Xunta se responsabiliza.

Ahora vuelven las denuncias. Pero nadie da explicaciones del por qué el vigilante de una concesión marisquera no puede sancionar a un mariscador furtivo y, sin embargo, personal civil, contratado por una empresa privada, plantea al Gobierno gallego un expediente sancionador que afecta a un marinero que, por ejemplo, ha calado indebidamente una nasa o, simplemente, ha extraído un kilo más de almejas del tope establecido.

Si el vigilante privado de un edificio público solo puede ejercer su función en el interior de dicho edificio y no en el exterior de este, ¿cómo es que los trabajadores de una empresa privada -desde siempre ligada a la Xunta desde su sede en Vigo- tienen poder para paralizar la navegación de una embarcación, inspeccionar las capturas que esta lleva a bordo e incluso proponer a la Consellería do Mar que sancione a dicha embarcación, sus tripulantes y su armador, por una posible anomalía?. ¿Cuál es el interés por mantener vivos esos vínculos entre la empresa privada y la Xunta a efectos del control y vigilancia en el marisqueo y la pesca en aguas interiores, responsabilidad exclusiva de la Comunidad Autónoma? ¿Es tal vez al intento de adelgazar las nóminas de funcionarios lo que lleva a la Consellería do Mar a establecer y sostener la contratación de empresas privadas para cumplir sus objetivos de lucha contra la irregularidades en el mar?

En más de una ocasión nos hemos referido en esta misma página a los extraños vínculos entre esa empresa y la Xunta; pero es que además existen entre la misma sociedad y la Administración central para, por ejemplo, realizar las tareas de salvamento marítimo, a veces en llamativas operaciones en las que colisionan los intereses privados y lo establecido en los acuerdos vigentes para la realización de intervenciones que no siempre tienen que ver con el salvamento o rescate de un buque sino con la participación en una operación de ayuda que no implica el cobro del premio por tal rescate.

La Consellería do Mar ha estado siempre en el objetivo de los sindicatos que defienden los derechos de los funcionarios del Servizo de Gardacostas. Hasta ahora se ha ido parcheando el asunto; pero es hora de que alguien dé la cara y explique de forma clara por qué se mantienen este tipo de contrataciones que van contra el derecho mismo de los funcionarios de un servicio cuya prestación ha de estar siempre en manos de personal autorizado para su ejercicio.