Así pues, a estas alturas y visto lo que pasa con el sector lácteo -o para ser exactos, con los productores- habrá que convenir en que algo debe hacerse antes de que se le extienda el certificado de defunción. Que sería una especie de responso previo a buena parte de la actividad agraria gallega, amenazada de cierre desde hace tiempo y sin que, como ocurría con el arpa de Bécquer, haya aparecido todavía una mano experta que sepa animarlo.
Se dice eso de que algo habrá que hacer desde la consciencia de que la situación no se puede dejar solo a merced de las leyes del mercado, como defienden los liberales neocon, ni tampoco hay que conformarse con eso que anuncia el gobierno de vigilar granja a granja los contratos para ver si se cumplen y, si no, sancionar a los infractores. Porque quien hace la ley, o tiene margen para aplicarla, hace la trampa y ese es siempre el más fuerte.
Dicho eso urge añadir, para que no queden dudas, que en este conflicto el que tiene la sartén por el mango es la industria. Y que de hecho es ella la que hasta ahora hace de su capa un sayo, modifica -o eso dicen los ganaderos- los precios como le conviene y sitúa a los productores en un dilema propio del siglo XIX: o toman lo que les dan, y a plazo corto se arruinan, o lo rechazan y entonces cierran su explotación de inmediato.
Contra esa práctica, que tiene otro nombre mucho más feo, el sector gallego ha presentado ya denuncias por vía judicial. Lo que sucede es que, ocupados y hasta colapsados como están los tribunales en otros asuntos más ruidosos, existe el riesgo de que cuando fallen este ya no tenga remedio la situación. Y lo que está en juego es más que la pérdida de empleos, de por sí grave: es una parte de la riqueza estratégica de la economía de este país.
Es por eso por lo que se reclama "algo", lo que las -para otras cosas- tan fértiles mentes de las gentes del oficio público imaginen. Ahora, con la campaña electoral, no es mal momento, aunque sea por los pelos: esperar a las próximas, en teoría más adecuadas, podría ser ya demasiado tarde. Pero en todo caso, lo que se haga que sirva de verdad y a tiempo, porque lo de la vigilancia contractual suena un poco a chino.
Ese es el motivo por el que. Gobierno y Xunta deben ejercer como tales y, actuar demostrando que la del mercado no es la ley de Dios. Es verdad que existe la UE y que la eliminación de las cuotas se anunció y se sabía con tiempo, pero también que por razones diferentes aquí no se hicieron las cosas como deberían. Aun así, no se puede mirar a otro lado y permitir la liquidación de lo que es imprescindible.
¿Verdad...?
